Ecologistas de Catalunya ha presentado este lunes una denuncia delante de la Fiscalía de Medio Ambiente de Barcelona contra el director de la Agencia Catalana del Agua (ACA), Samuel Reyes. El motivo de la denuncia es su presidencia en el organismo que ha aprobado el acuerdo de Govern del 16 de enero para reducir los caudales ecológicos de los ríos Muga, Ter y Llobregat en situaciones de emergencia por sequía. La entidad ecologista ha acusado a Reyes de "presuntos delitos contra el medio ambiente" y pide que la Fiscalía abra diligencias contra él como "responsable de la justificación de las medidas tomadas por el Govern, que suponen un riesgo potencial contra el medio ambiente".

La denuncia destaca que, según el acuerdo del Govern, se pedía el establecimiento de un régimen de caudales ecológicos que asegurara la preservación de la vida piscícola y la vegetación de los ríos. No obstante, Ecologistas de Catalunya considera que las reducciones de caudales previstas no cumplen esta garantía de preservación. Además, la entidad critica que "se ha avalado el impacto grave sobre estos espacios naturales de manera incomprensible", especialmente considerando que son áreas protegidas por la Red Naturaleza 2000.

Durante una rueda de prensa, el presidente de Ecologistas de Catalunya, Joan Vàzquez, ha destacado que el acuerdo de Govern implica una reducción significativa de los caudales de los ríos Muga, Llobregat y Ter, llegando a una media del 92%. La denuncia tiene el objetivo que la Fiscalía investigue si se han cometido delitos ambientales según el Código Penal. Se pide en la Fiscalía que impida la aplicación del acuerdo, que solicite informes que garanticen la vida piscícola y vegetal, y que se ponga en contacto con el Consejo de Protección de la Naturaleza para determinar si hay que informar de los posibles impactos ambientales en estos tres espacios.

Catalunya, junto a la emergencia por sequía: los embalses bajan por primera vez al 16%

Catalunya está junto a la emergencia por sequía: los embalses han bajado por primera vez al 16%, según los datos de la Agencia Catalana del Agua (ACA) del pasado miércoles. Se trata del mínimo histórico y de la línea roja establecida para el estado de emergencia —que obligará a los municipios a no superar los 200 litros por habitante y día para todos los usos. Y es que los nueve pantanos que se utilizan como referencia se sitúan, en conjunto, en el 16,02%. Quede claro, sin embargo, que eso no implica la aplicación automática de la mencionada declaración de emergencia.

El estado de emergencia se implementa individualmente a cada una de las unidades que conforman las cuencas internas catalanas. Por ejemplo, el sistema Ter-Llobregat se sitúa en el 16,5%: eso es medio punto por encima del umbral previsto, de manera que todavía continúa en preemergencia. En cambio, la unidad que depende del embalse Darnius-Boadella (ahora, con las reservas al 12,1%) hace meses que sí que está en emergencia. Por su parte, el pantano de Sau a duras penas está al 4,9%. En el caso de los embalses que dependen de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), la situación es un poco mejor: se sitúan por encima del 40% de su capacidad.