La indignación se ha desatado entre los ciudadanos de les Borges Blanques porque los socorristas de las piscinas municipales no entienden ni hablan catalán. La polémica ha estallado en las redes sociales cuando un usuario de Twitter ha asegurado que tanto los técnicos de salvamento de las instalaciones, como los trabajadores del bar, no han sido capaces de entenderlo en catalán y le han pedido que se les dirijan en castellano. "Tanto dos de los tres socorristas como la chica del bar me han dicho que en español, por favor," ha denunciado el internauta. Los vecinos de la localidad cerca de Lleida han acusado al ayuntamiento de no proteger el idioma del país, provocando así la reacción de la Plataforma per la Llengua.

Desde el consistorio han salido del paso de la presión que hervía en las redes argumentando que la empresa contratada de socorristas es de Jaén (Andalucía) y que por este motivo sus trabajadores no entienden ni hablan el catalán. El gobierno municipal ha explicado que la contratación se ha hecho a través de un concurso de acuerdo con la normativa española que impide incluir requisitos de defensa de la lengua catalana. En estos casos, han detallado que el criterio que prevalece por encima de todos es el precio. Es decir, la empresa que presenta la propuesta más económica se le adjudica el contrato. La alcaldesa del municipio de les Borges Blanques, Núria Palau, de Junts, ha anunciado que comparecerá hoy mismo para explicar en profundidad los detalles del concurso que afecta a la contratación de los trabajadores de las instalaciones municipales.

La Plataforma per la Llengua se ha posicionado en esta polémica y ha recordado al consistorio que "se pueden establecer cláusulas lingüísticas" en las contrataciones, así contradiciendo el argumentario del gobierno municipal. La entidad ha asegurado que "el estatuto establece que los ciudadanos tienen el derecho de opción lingüística reconocido a las administraciones en Catalunya. Esto también obliga a las entidades privadas que ejercen funciones públicas" y que "la ley de política lingüística dice que el personal al servicio de las administraciones tiene que tener un nivel de conocimiento adecuado y suficiente de catalán." Además, ha argumentado que la empresa contratada por el servicio municipal "no puede vulnerar la legalidad".

Quien también ha querido decir la suya ha sido el exdirector general de la administración local, Albert Pereira, que ha definido el hecho de "gravísimo", ya que el consistorio podía haber incluido "una simple cláusula en el pliego de condiciones para la adjudicación del servicio, en el que se exigiera el conocimiento del catalán al personal que lo prestara." Pereira ha sido mucho más duro y ha cargado contra el consistorio local y ha tildado "de excusa patética" acogerse a la ley de contrataciones y ha afirmado rotundamente que incluir una cláusula sobre el conocimiento del catalán está "totalmente dentro de la legalidad autonómica".