Cuatro directores de centros de menores inmigrantes de Canarias y un empresario inmobiliario han sido imputados por presunto blanqueo de capitales por desviar casi dos millones y medio de euros de fondos europeos que se habrían embolsado, según apunta la investigación de la policía española. Una de las imputadas es María de los Ángeles Barroso, que fue directora del centro de menores Guiniguada, en Las Palmas de Gran Canaria, entre los meses de diciembre de 2020 y 2021. Durante aquellos años, también era vicesecretaria y tesorera de la formación de ultraderecha Vox en la co-capital canaria, pero en las elecciones municipales de 2023 concurrió como número ocho de la formación local Unidos Por Gran Canaria. La fiscalía apunta a que usó la tarjeta del centro para gastos personales como un tratamiento para las arrugas, productos de piscina o compras en supermercados y facturas de restaurantes. Las acusaciones son producto de una “compleja investigación económico-patrimonial” iniciada a raíz de un informe del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) que alertaba de irregularidades en las cuentas de varios centros gestionados por la fundación Siglo XXI.

Según una nota de la Dirección Superior, el SEPBLAC advertía de "multitud de operaciones bancarias injustificadas y extrañas vinculadas a los responsables de varios centros de acogida de menores extranjeros no acompañados". Una vez abierto el caso por una querella de la Fiscalía General contra la corrupción y la Criminalidad Organizada de las Palmas, se puso en marcha la operación policial “Tabaiba”, que se ha prolongado durante tres años y que aún se mantiene abierta bajo la dirección de la Fiscalía Europea en el juzgado de instrucción número 7 de la ciudad. La investigación policial detalla que los investigados desviaron parte de los fondos europeos ‘Next Generation’, transferidos a través del gobierno del archipiélago y el Cabildo de Lanzarote, para el mantenimiento y funcionamiento de seis centros de acogida de menores inmigrantes. La fundación Siglo XXI recibió 12 millones de euros de dinero público para acoger a los menores, pero parte del dinero se acabó destinando a operaciones estéticas, vacaciones, gasolina o facturas de restaurantes, según apunta la policía.

Alquileres desmesurados, desvío de fondos y millones en efectivo

Para tapar sus actos, la policía afirma que los imputados recurrieron a presentar “facturación duplicada o triplicada, documentos sin fechas, servicios no identificados o facturas ajenas a los centros, lo cual evidenció una presunta manipulación contable para ocultar el desvío de fondos”. La investigación ha destapado un entramado de alquileres a precios desmesurados en los centros, donde entra en juego el empresario imputado, que “usaba sociedades interpuestas para alquilar los centros a precios que duplicaban o triplicaban el valor de mercado”. Llegaron a cobrar "un sobreprecio que superó los 1.300.000 euros entre 2021 y 2023", dinero que era desviado a otras cuentas y operaciones inmobiliarias, "evidenciando prácticas de blanqueo de capitales, con transformaciones y colocación del dinero ilícito en activos patrimoniales", apunta.

De los 1,6 millones de euros ingresados por la fundación, se extrajeron en efectivo más de 1,1 millones mediante reintegros y se detectaron transferencias directas de más de 25.000 euros a cuentas de particulares y gastos personales cargados a las cuentas del centro. Según la investigación de la fiscalía, María de los Ángeles Barroso, la imputada ex de Vox, usó la tarjeta reservada a la gestión del centro para gastos personales, como un vale de seis meses para eliminar arrugas de expresión, alquilar vehículos, comprar un producto para agua de piscinas o gastos en supermercados, aparcamientos, cafeterías y restaurantes. El resto de directores imputados usaron de igual forma las tarjetas de los centros para pagar compras personales y desviaban dinero de las cuentas de los centros a sus personales. El empresario ha sido imputado por los alquileres "sobredimensionados". Los cinco imputados no tienen antecedentes policiales y sus edades están entre los 31 y los 61 años.