La Generalitat de Catalunya mantiene abierta una actuación inspectora en la residencia para discapacitados Marinada de Reus donde, como adelantó ElNacional.cat, a finales del año pasado murió una usuaria después de tomar una medicación que era para otra residente del centro. La residencia Marinada de Reus es de titularidad pública, pero es gestionada por la Fundación Villablanca, del Grupo Pere Mata.
La información de ElNacional.cat revelaba quejas y denuncias por parte de trabajadores y familiares del centro sobre carencias que acarrea el centro y que consideran que empeoran la situación de los residentes. La dirección del centro tiene abierto actualmente un conflicto laboral por una reorganización interna, sobre la cual se tendrá que pronunciar la justicia después de que haya fracasado la negociación con los trabajadores.
En el marco de este conflicto han aflorado las muertes trágicas de los dos residentes, la más reciente la de la usuaria que recibió una medicación que era para otra persona. El error se produjo el 6 de octubre del 2023 antes de las ocho de la mañana, momento en que no había en el centro personal de enfermería ni técnico de curas auxiliares, según consta en un informe de inspección en el cual tuvo acceso este diario después de hacer una petición de información pública hecha en virtud de la Ley de Transparencia. El informe, más allá de recoger la versión de los hechos por parte de la dirección, no establecía ninguna actuación en concreto ni llegaba a conclusiones. La mujer fue atendida por el Sistema de Emergencias Médicas después de que alguien desde el centro llamara "rápidamente" al 061, fue trasladada al hospital y murió 10 días después.
La inspección se mantiene abierta medio año después
El Departament de Drets Socials ha respondido este martes a una consulta de ElNacional.cat sobre esta muerte y ha asegurado que el informe que recogía el incidente -fechado el 19 de enero del 2024-, tres meses después de los hechos, "recoge únicamente los datos facilitados por la dirección del centro en el transcurso de la visita de inspección" y añade que la actuación inspectora para recoger información sobre este caso no ha concluido.
Según el Departament, "hace falta tener en cuenta que se siguen analizando estos hechos a la espera de tener más información al respecto" e indica que en el informe se recoge que el caso estaba pendiente de abordarse en una comisión de valoración de errores médicos del centro que gestiona el Grup Pere Mata de Reus. "La información recogida en el informe, por lo tanto, no es concluyente", subraya el Departament. "Con la elaboración de este informe se priorizó poder dar respuesta a una denuncia relativa a un uso indebido de los espacios del centro a la hora de las comidas, y al mismo tiempo informar sobre el funcionamiento del centro", añade.
Para este asunto, el informe sí que concluía con una "advertencia de sanción" al centro por servir comidas en lugares inadecuados. El Departament justifica que en este informe no se llegara a ninguna conclusión sobre la muerte por error de medicación ni se propusiera ninguna actuación, ya que "es habitual que durante las visitas el servicio de inspección tenga conocimiento de algunos hechos y haga falta un tiempo determinado para elaborar un informe por la complejidad de recoger todos los datos". Asimismo, añade que posteriormente al informe se ha constatado que la familia fue informada. Así y todo, la inspección continúa abierta y "se está trabajando para tener más información respecto al caso".
Críticas a la Generalitat
La publicación en ElNacional.cat de dos muertes en este centro en situaciones trágicas ha levantado los últimos días críticas a la Generalitat al tratarse de un centro de titularidad pública. El centro ha negado cualquier relación de los hechos trágicos con ninguna carencia en el centro. En cambio, desde el comité de empresa se ha denunciado que la reorganización interna busca reducir costes con el fin de estar en disposición de revalidar la concesión del centro en el 2029, aunque la empresa ha obtenido beneficios.