Las muertes de dos residentes del centro Marinada para personas con discapacidad intelectual de Reus, del cual es titular la Generalitat, que han tenido lugar entre el 2022 y en el 2023, han servido para alimentar los últimos meses el malestar entre trabajadores y familiares, que asocian las situaciones en que se han producido a carencias generales que el centro viene arrastrando. Las dos muertes son solo dos episodios de la vida del centro que han servido para alimentar la sensación de malestar entre familiares de los internos, que quieren dar impulso a una asociación con el fin de defender sus intereses, según explican fuentes de los familiares a ElNacional.cat.

Mientras tanto, también los trabajadores mantienen un pulso judicializado con la Fundación Villablanca (del Grup Pere Mata de Reus), que tiene la concesión del centro, con el fin de evitar cambios organizativos que opinan que van en detrimento del bienestar de los usuarios del centro. Los cambios organizativos (que se implementaron el pasado 15 de enero) fueron impugnados judicialmente por los trabajadores porque no prosperó la negociación con el centro y ahora se espera la resolución del juez. La dirección del centro, consultada por ElNacional.cat, desvincula los incidentes con ninguna carencia en la residencia y también niega que los cambios organizativos que se hacen tengan nada que ver. Los trabajadores opinan que la empresa hace los cambios organizativos para reducir costes y tener posibilidades de renovar la concesión en el 2029, ha explicado a este diario al asesor de los trabajadores, José Manuel Benítez Grimaldi, de CCOO.

Dos muertes controvertidas

La primera de las muertes que alimenta el malestar se produjo en julio del 2022 y provocó que el comité de empresa de la residencia denunciara los hechos ante la Dirección de Servicios del Departamento de Derechos Sociales. Los trabajadores denunciaron en aquel momento que la muerte de un residente se hubiera podido evitar si hubiera habido presencia de más cuidadores en el momento de los hechos.

Según el relato del comité de empresa en su queja, la muerte se produjo cuando un grupo de 18 residentes (con necesidad de atención generalizada) estaban haciendo una actividad en el jardín del centro, atendidos por dos trabajadores. En el momento de repartir un desayuno, uno de los usuarios se levantó, cogió un bocadillo y se lo puso entero en la boca sin que nadie lo pudiera evitar. Eso le provocó un cuadro de asfixia. Los cuidadores lo intentaron reanimar, pero finalmente fue trasladado al hospital en estado de coma. Al cabo de pocos días murió. En la denuncia que hicieron llegar a la Generalitat, los trabajadores señalan que para atender a 18 usuarios, habría tenido que haber cuatro cuidadores en aquel momento, y que, en cambio, aquel día solo había dos.

El Departamento de Derechos Sociales contestó a la denuncia de los trabajadores meses después, asegurando que los hechos de aquel día "apuntan a un accidente a causa de un momento de comportamiento ansioso puntual" del residente. Según la Generalitat, no se observó negligencia por parte del personal y la actuación que se hizo fue "la adecuada". Quien era el director del centro en aquel momento habló con la familia del residente para explicarle "los hechos" y "lo entendió". A pesar de ello, la respuesta de la Generalitat al comité de empresa, que es de marzo del 2023, asegura que había detectado "carencias" en el centro. En consecuencia, se envió "un escrito de advertencia" a la empresa a fin de que adoptara "las medidas correctoras necesarias".

Informes de inspección de la Generalitat

ElNacional.cat ha tenido acceso al informe de la inspección que la Generalitat hizo el 16 de septiembre del 2022, después del incidente del bocadillo. El informe corrobora que no se detectó una mala praxis por parte del personal, pero difiere del número de usuarios que había en la actividad, 17 en lugar de los 18 que figuran en la versión del comité de empresa. También apunta que en el momento de los hechos había tres personas cuidando el grupo (dos trabajando dentro de su turno y una tercera que había acabado de trabajar, pero permanecía en el centro), en lugar de las dos que el comité de empresa asegura que había. Aunque la inspección concluyó que la actuación de la dirección hacia los hechos "fue correcta", apunta que "faltaba ratio de personal cuidador de mañana el día de los hechos".

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Propuesta de actuación de la inspectora en el informe del 2022 tras el incidente del bocadillo. Foto: El Nacional

El informe también indicaba que el personal cuidador hace otras tareas, más allá de la atención directa a los usuarios, aunque el centro las declara como horas de atención directa. Es por eso que la inspectora concluye que "la declaración de horas presentada por el centro muestra indicios de no ajustarse a la realidad". Esta observación en la inspección apuntala lo que fuentes de los trabajadores denuncian y es que el centro acarrea problemas de personal y que hay tareas no vinculadas directamente a la atención de los usuarios que acaban asumiendo los cuidadores.

Segunda muerte, error de medicación

La segunda muerte que ha hecho aumentar el malestar se produjo más recientemente, en septiembre del 2023. Se trata de la defunción de una residente a quien se le suministró la medicación de otra por error. ElNacional.cat ha tenido acceso a un segundo informe de inspección donde se recoge la versión del centro sobre lo que pasó en este caso. Los hechos sucedieron antes de las ocho de la mañana y en aquel momento no había en el centro "ni personal de enfermería ni personal TCAI" (técnico en cuidados|curas auxiliares de enfermería). Aunque el informe no acaba de explicar qué pasó concretamente con la medicación, la dirección del centro explicó a los inspectores que se habló con todas las personas que en aquel momento estaban en el centro y que se concluyó que "no había habido una mala praxis". No se tomó ninguna medida disciplinaria contra los trabajadores. Como medidas correctoras se decidió revisar el caso en una comisión de errores de medicación y "promover formación en primeros auxilios a todo el personal".

Estos dos incidentes, revisados por la inspección de la Generalitat, alimentan el malestar entre familiares y trabajadores del centro. Tanto trabajadores como familiares consultados opinan que las carencias están relacionadas con el hecho de que la empresa que tiene la concesión, la Fundación Villablanca del Grup Pere Mata, quiere renovarla en el 2029 y necesita reducir costes. Una reducción que, según denuncian, tiene después consecuencias nefastas en el bienestar de los usuarios. Sin ir más allá, citan el hecho de que el centro decidió dar la cena a los residentes en las mismas aulas donde pasaban el día (cuándo dispone de un comedor), sitio donde en algunos casos les cambian los pañales. El informe de inspección que ha podido consultar ElNacional.cat habla sobre este aspecto y apunta que habría que resolverlo. Asimismo, también se había detectado en inspecciones anteriores que en el registro de medicación había días y horas en que faltaba información.

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El informe de inspección de enero del 2024 propone hacer una advertencia de sanción al centro. Foto: El Nacional

La dirección del centro desvincula los incidentes a falta de personal

La actual directora del centro, Montserrat Vilella, ha asegurado en declaraciones en ElNacional.cat que los cambios organizativos que se han implementado en enero pasado no se pueden mezclar con hechos que hayan podido pasar con anterioridad en el centro. Sobre las dos muertes, la dirección del centro considera que no se pueden relacionar con aspectos laborales del personal y lo enmarca en situaciones que "desgraciadamente" suceden en una residencia como la Marinada, que tiene 74 internos considerados "población en riesgo" por la diversidad de afectaciones que sufren.

Con respecto a los cambios organizativos, la dirección del centro ha dicho en un comunicado que es un ajuste que se ha tenido que hacer para "garantizar la máxima presencia de curadores en las horas que los usuarios están despiertos, tal como marca la normativa aplicable". De acuerdo con la empresa, "se busca garantizar la presencia mayor en aquellas horas de más actividad en el centro y hacer un mejor reparto de las horas totales contratadas por los tres turnos de trabajo". El cambio ha consistido en pasar de hacer jornadas de 8 horas los tres turnos de trabajo, a 7 horas y 15 minutos en los turnos de mañana y tarde y, 9 horas y 30 minutos en el turno de noche. La medida, según la empresa, garantiza todos los puestos de trabajo actuales, no habrá ninguna reducción de plantilla, se mantiene el salario y las horas trabajadas anuales. El centro entiende que los cambios preocupen a los familiares, pero sostiene que "en todo momento quedará garantizada la atención a los usuarios".