"La Fiscalía de Vigilancia Penitenciaria se ha convertido en un guardián del tercer grado de los presos en Catalunya. Mantiene un pulso con la administración. Se centra en el riesgo y la falta de reparación, más que en la reinserción progresiva de los internos." Lo afirma Albert Gonzalez-Jimenez, profesor de Criminología del Departamento de Derecho de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) e investigador del Grupo de Investigación en Criminología y Sistema Penal, en la investigación ¿El ministerio fiscal, un nuevo obstáculo para acceder al tercer grado?, publicado recientemente en la Revista de Derecho Penal y Criminología de la UNED.
Esta investigación llega con la actual alerta de que las prisiones catalanas están saturadas, con un total de 9.597 personas, y que el Departament de Justícia prevé poner módulos en algunos centros para desactivar el ambiente crispado y de agresiones, denunciadas por los sindicatos penitenciarios. Además, de las 7.574 personas condenadas, un total de 1.497 (el 19,7%) cumplen la pena en tercer grado, es decir, solo duermen en un centro penitenciario, mientras van a trabajar o a hacer actividades. La exconsellera Gemma Ubasart aprobó un plan para vaciar prisiones y mantener encerrados a los presos más peligrosos, con la concesión de tercer grado, de forma directa en condenas inferiores a cinco años o las pulseras electrónicas a los condenados pendientes de juicio. Se desconoce si esta política ha sido continuada por el departament, que ahora dirige Ramon Espadaler, ante la necesidad de espacios.
Resoluciones analizadas
El investigador mantiene este posicionamiento después de hacer un análisis empírico de 2.764 resoluciones judiciales en Catalunya (entre los años 2019 y 2024) que resuelven los recursos interpuestos por el ministerio fiscal contra la clasificación en tercer grado, junto con entrevistas a fiscales de vigilancia penitenciaria (uno es el que le manifiesta que son el "guardián" de la legalidad), que han permitido identificar los motivos de la oposición al régimen abierto. "En la actuación del Ministerio, se infiere una desconfianza en el sistema en sentido amplio, entendido tanto como sistema penitenciario como asistencial, comunitario y social", afirma el investigador de la UPF.
En conversación con ElNacional.cat, Gonzalez-Jimenez expone que una deficiencia grave es que "no hay criterios claros ni fijados por la ley ni en ningún sitio" que establezcan qué se debe valorar para evaluar a los internos, tarea que realizan las juntas de tratamiento, formadas por especialistas, de cada centro penitenciario. Indica que el legislador y las administraciones no se interesan por el derecho penitenciario hasta que salen casos mediáticos, como el caso de Urdangarin o de políticos condenados por corrupción.
La Fiscalía y la administración catalana acordaron en 2023 un sistema para comunicarle de forma inmediata la concesión de tercer grado, hecho que agiliza la respuesta del ministerio fiscal y también el bloqueo. En condenas superiores a cinco años de prisión, si la Fiscalía presenta recurso en contra, se paraliza el paso de segundo a tercer grado hasta que el tribunal sentenciador lo apruebe o no.
Alarma social y arrepentimiento
En el estudio, se afirma que los recursos de la Fiscalía al tercer grado representan el 55,45% del total presentado en el periodo 2019-2024. Además, el informe identifica hasta 36 motivos diferentes por los cuales el fiscal se opone, agrupados en cuatro bloques: gestión del riesgo y factores dinámicos; responsabilidad y legitimación de la pena; motivos técnicos, procedimentales y jurídicos y, finalmente, cuestiones vinculadas al contexto externo del interno.
Sostiene que el Ministerio Público "tiende a acumular razones de diversa índole (técnica, emocional y simbólica) para hacer más robusta la impugnación, a la vez que refuerza el peso de los recursos", concluye. Por ejemplo, la Fiscalía usa el concepto de "alarma social", que hace años los jueces de instrucción usaban para justificar una prisión preventiva, a pesar de que no está regulado en ninguna norma. También el requisito del "arrepentimiento", que no se exige en ningún supuesto, excepto en los casos de terrorismo. Igualmente, puso bastones en las ruedas en los terceros grados que se concedieron durante la pandemia, medida excepcional del Govern para evitar contagios por la covid-19.
El caso de los presos políticos
Un caso emblemático fue que la Fiscalía usó la "falta de arrepentimiento" como uno de los motivos para negarse a la concesión del tercer grado de los presos políticos, que al final fueron indultados parcialmente por el Gobierno. El Tribunal Supremo, como tribunal juzgador del 1-O, también modificó el procedimiento penitenciario para controlar y pronunciarse sobre las decisiones de la administración catalana en el régimen ordinario de los presos políticos, que hasta entonces era responsabilidad del juez de vigilancia penitenciaria donde está la prisión y, en segunda instancia, la Audiència provincial.
Comparativa con el País Vasco
Por todo esto, Gonzalez-Jimenez aboga por que haya una normativa clara y, sobre todo, que la Fiscalía "no equipare las condiciones que se requieran en el tercer grado con el régimen abierto" o la libertad condicional. También apuesta por mantener medidas para fomentar "las prisiones abiertas" para hacer más efectiva la reinserción de las personas que han cumplido una condena.
Para profundizar en este tema, el investigador de la UPF ha avanzado que ahora analiza la concesión de tercer grado en el País Vasco, donde el gobierno vasco obtuvo su competencia en octubre de 2021. Catalunya la obtuvo en 1983, y la vincula al Departament de Justícia, y no a Interior, como lo tiene el Estado español en Madrid y las comunidades que no tienen las competencias delegadas en materia de Servicios Penitenciarios.