La Fiscalía insiste en encerrar a los presos políticos de nuevo. Este martes ha presentado otro recurso contra el tercer grado. Es el recurso de apelación al Tribunal Supremo contra los autos del juzgado de vigilancia penitenciaria número 5 que mantenían cautelarmente el tercer grado de los presos de Lledoners. Eso afecta a Oriol Juqueras, Raül Romeva, Jordi Cuixart, Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull y Quim Forn.

El ministerio fiscal ya había recorrido la progresión en tercer grado y había pedido que como medida cautelar quedaran suspendidas las salidas, pero el juzgado lo rechazó mientras sigue estudiando el fondo del recurso. La Fiscalía ha decidido recurrir directamente al Supremo como también hizo el lunes con Dolors Bassa y Carme Forcadell.

El nuevo recurso

El juez argumentaba un tema formal y recordaba a la Fiscalía que no era el momento procesal para hacerlo para desestimar la medida cautelar de encerrar en la prisión a las procesadas mientras no se resuelve el fondo del recurso. Sin embargo, el ministerio público insiste y argumenta que ya hay precedentes: en julio pasado el mismo tribunal se posicionó y mantuvo en prisión a los líderes del procés hasta que se resolvió el recurso del tercer grado. En todos los casos la Fiscalía cree que la situación con respecto a cuando se derogó el anterior tercer grado hace medio año no ha cambiado. Y que, por lo tanto, los nueve presos políticos tienen que continuar en régimen cerrado.

La Fiscalía pide que mientras no se resuelva el recurso se dicte como medida preventiva el ingreso inmediato en prisión de nuevo, en régimen cerrado. Como siempre, reitera que los presos están condenados por "delitos graves y con penas de más de 5 años".

El ministerio público critica la medida de la Generalitat y considera que no se puede dar a todos los presos al mismo tiempo el tercer grado pocas semanas después de que el Tribunal Supremo lo tumbara en diciembre pasado. Según el fiscal, el tercer grado es "incompatible" con el cumplimiento de la finalidad de la pena, especialmente los objetivos de "reeducación y resocialización". También considera que hay una "falta de modificación de aquellos rasgos de la personalidad directamente relacionados con la actividad delictiva", ya que los reclusos "siguen considerando que los hechos por los cuales fueron condenados no son delictivos". Reitera, como ya hizo en anteriores recursos, que hay una "insuficiente evolución en el tratamiento", ya que no han seguido ninguno.