Para el próximo día 11 hay convocada en España una huelga general de 24 horas, que han suscrito CC.OO., UGT y otras organizaciones sindicales, para reclamar mejoras salariales y soluciones a la crisis de la vivienda. Desde el primer momento, esta convocatoria ha tenido algo anómalo y que cuestionaba su verdadero objetivo: han transcurrido casi 16 años sin ninguna convocatoria similar, y realizarla cuarenta y ocho horas antes del inicio de la campaña electoral parecía más un intento de empujar electoralmente a la izquierda. También una ayuda en la creación de un relato, en unos comicios en los que asoma con mucha fuerza la posibilidad de una victoria de PP-VOX.
Pero en la vida hay que saber juntar las causas justas —y la vivienda lo es, obviamente— con la oportunidad. Que se me entienda: reclamar una vivienda siempre es apropiado y denunciar la imposibilidad de acceder a ella también. El tema, sin embargo, no es este en estos momentos. Tras la tragedia ferroviaria en Toledo, que ha causado, provisionalmente, 69 muertes y cuando aún se está tratando de identificar los cadáveres, la huelga mantiene sus motivos, que duran desde hace años y durarán, seguro, unos cuantos más, pero puede haber perdido el momento político y social. Una convocatoria puede estar justificada y, aun así, resultar inoportuna. El siniestro ferroviario ha cambiado las prioridades del debate público: seguridad ferroviaria, responsabilidades y confianza en la gestión. En este contexto, una huelga general que ya estaba cogida con pinzas por el evidente uso político que se hacía de la convocatoria corre el riesgo de quedar desconectada del estado de ánimo del país y de que su mensaje resulte desdibujado.
Si la huelga ya tenía un destinatario confuso, la tragedia del tren de Toledo dificulta aún más explicar por qué se paraliza España y qué se exige a los que gobiernan
Así, la huelga del día 11 ya nacía con una anomalía: parecía concebida más para combatir a la oposición que para exigir responsabilidades al Gobierno. La tragedia ferroviaria no ha creado esta contradicción, pero la ha puesto más al descubierto, si cabe. El accidente rompe la posibilidad de que el Gobierno se presente como parte de la protesta y eluda su responsabilidad en la gestión. Antes podía ponerse detrás de la pancarta; ahora, inexorablemente, tiene que dar muchas explicaciones y asumir responsabilidades, porque de eso va el servicio público por mucho que en estos últimos tiempos se haya olvidado. Resulta extremadamente difícil encabezar la indignación cuando se está en el centro de todas las preguntas que la ciudadanía desea formular.
Resumiendo, en estos momentos los convocantes deberían reflexionar bien sobre su oportunidad, y a veces dar un paso atrás no es una derrota. La situación presente tiene, al menos, dos riesgos para los organizadores: el de la participación y el de la credibilidad. Si la huelga ya tenía un destinatario confuso, la tragedia del tren de Toledo dificulta aún más explicar por qué se paraliza España y qué se exige a los que gobiernan. Los sindicatos se arriesgan a que no haya tal demostración de fuerza, como pensaban originalmente, y ello exhiba su debilidad. Vamos, que el resultado sea el contrario al deseado y al perseguido. Máxime en un momento en que todos están rehaciendo su modelo de campaña. Pasando de aquella campaña frívola, banal, con bailes en el escenario y predicando el amor, a algo mucho más austero.