¿Son legales o ilegales las grabaciones de la conversación entre el Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el director de la Oficina Antifraude, Daniel de Alfonso, que se han filtrado y que sacan a la luz una presunta conspiración contra partidos independentistas? La respuesta es la clave para empezar una investigación. Esta respuesta y también saber quién graba las conversaciones, quién las filtra y con qué intención.

La Fiscalía General del Estado dice a El Nacional que "de momento, nada", que no hay nada previsto, pero no descarta que a lo largo de las próximas horas tuviera que actuar de oficio si tiene sospechas de que las grabaciones son ilegales o que se han hecho con recursos policiales con finalidades particulares. Ante estos dos supuestos podría abrir una investigación. El tercero sería que recibiera una denuncia de un particular. Esta mañana, sin embargo, no había nada todavía sobre la mesa de la Fiscalía General del Estado.

Algunas fuentes apuntan que el Ministerio Público estaría pendiente de recibir las primeras conclusiones de la investigación policial que esta mañana ha encargado el ministro a un comisario de la Policía española para que aclare quién grabó las conversaciones en su despacho. Fernández Díaz encarga la investigación como víctima de una presunta conspiración en medio de la campaña electoral.

En Catalunya, la Fiscalía, que de de hecho depende de la Fiscalía General del Estado, ya ha dicho que no tiene previsto hacer ninguna actuación, porque los hechos pasan en Madrid. Aunque De Alfonso es el director de la Oficina Antifraude de Catalunya, si se abriera un proceso judicial, como el ministro de Interior es aforado, se haría todo en Madrid.

¿Se ha utilizado a la Policía?

Para que una grabación sea legal hace falta que la persona a quien se está grabando lo sepa. Aunque eso no quiere decir que sea utilizable y válida en un proceso judicial. Pero si Fernández Díaz y De Alfonso sabían que se estaba grabando la conversación, son conscientes, por lo tanto, de que todo lo que dijeron quedó registrado. Si quién ordenó registrar el encuentro, sin embargo, no avisó al otro, habría cometido un delito.

¿En caso de que la conversa sea legal, quién lo ha grabado, con qué medios y con qué finalidad? ¿Y se han utilizado recursos públicos para hacerlo? ¿Es decir, lo ha hecho la policía española por orden del Ministro del Interior? Hay que recordar que el encuentro entre Jorge Fernández y De Alfonso es en el despacho del ministro y actual candidato del PP en el Congreso por Catalunya.

"No podemos utilizar recursos policiales para una investigación particular", dice a El Nacional Alfredo Perdiguero, secretario general del Sindicato Independiente de la Policía Española. Y añade: "Si fuera una reunión pública en un lugar público... Pero en un despacho, que alguien lo grabe y lo filtre a la oposición, crea una duda razonable". 

Perdiguero dice que no cree que la grabación sea legal analizando todos los elementos que ahora mismo hay sobre la mesa. Ya que tanto si la grabación es legal como si no, publicar una conversación privada puede ser delito. Según el secretario del SIPE, "si es verdad lo que han dicho, tanto si controlan partidos de la extrema derecha como de la extrema izquierda muy legal no es, para no decir nada". "O todos o ninguno, pero con la legalidad en la mano", concluye.

"Es muy fácil pillar al filtrador"

"¿Y si hay dos personas, quien grava y quien filtra la noticia?". Las conversaciones son en el despacho de Jorge Fernández Díaz, en el Ministerio del Interior, de alta seguridad. Y en la sala está el mismo ministro y Daniel de Alfonso. 

Según Perdiguero, no tendría que costar mucho saber quién graba y quién filtra, ya que tanto el lugar donde pasa como el círculo de las personas que habría implicadas es muy reducido y el lugar inaccesible para algunos sectores. 

En el momento en que estalla la noticia, los medios apuntan a De Alfonso como autor de la grabación y de la filtración. Pero horas después, el mismo director de la Oficina Antifraude se apresura a desmentirlo y lanzar la duda sobre la autoría de la presunta ilegalidad hacia otra lado. De Alfonso apunta a intereses políticos del PSC. De hecho, el director de Antifraude comete un error que lo puede llevar al cese, ya que suscita datos confidenciales de la institución que estaría investigando un presunto afianzamiento ilegal del PSC.