Han tardado 15 días en reaccionar, pero han sido contundentes. La Unión Progresista de Fiscales (UPF), a la que pertenece uno de los magistrados criticados en las conversaciones del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el ex director de la Oficina Antifrau, Daniel de Alfonso, denuncia que las filtraciones "causan perplejidad y una honda preocupación", por el "contenido de las conversaciones unido a la relevancia institucional de quienes las mantuvieron". La UPF se muestra molesta por las insinuaciones de Fernández Díaz en el sentido de que la Fiscalía puede "afinar" casos judiciales dudosos.
Según el comunicado que han emitido hoy, las conversaciones entre Fernández Díaz i De Alfonso "reflejan un inaceptable cuestionamiento del principio de separación de poderes, una reprobable utilización de las instituciones con finalidades políticas y un distanciamiento del principio de objetividad que tiene que guiar la actuación de los responsables jurídicos".
La UPF reclama a la Fiscalía General del Estado y a los organismos judiciales que se aclare el origen y circunstancias en que se hicieron las grabaciones y que se valore el contenido de las conversaciones y, si hace falta, depurar responsabilidades.
En las fiscalías no se afina nada
Jorge Fernández Díaz y Daniel De Alfonso sacan los nombres de varios fiscales anticorrupción en las conversaciones en la sede del Ministerio del Interior, en octubre del 2014. Entre ellos citan a Emílio Sanchez Ulled y Fernando Bermejo. Se habla de ellos como si se los pudiera manipular fácilmente, aunque critican Ulled, porque en su caso no lo pone fácil. La Unión Progresista de Fiscales dice tener "la certeza de que los fiscales que han intervenido en los casos a los que hacen referencia las conversaciones han actuado y resuelto con objetividad, profesionalidad y sujeción a los principios de legalidad e imparcialidad". Aseguran que los casos archivados por los fiscales son una buena prueba.
Y remarcan que "en las fiscalías no se afina nada" haciendo referencia directa a una frase del ministro del Interior a De Alfonso que no acaba de tener ligadas las pruebas acusadoras. Los fiscales progresistas defienden que se ejerce con profesionalidad las funciones que la ley encarga al Ministerio Público.
