Respuesta clara. La fiscalía de Lleida ha presentado este jueves en el juzgado de primera instancia de Tremp una denuncia contra la residencia Fiella de Tremp por los delitos de homicidio imprudente, trato degradante y contra la seguridad al trabajo. Después de un año de investigación, con la colaboración de los Mossos d'Esquadra, el ministerio público considera que hay indicios de "disfunciones gravísimas" que habrían influido de manera decisiva en el brote de covid-19 detectado en noviembre de 2020 que causó la muerte de 64 de los 142 residentes. La fiscalía apunta concretamente a la entonces directora del centro y a la responsable de Higiene Sanitaria, a quien los atribuye "déficits organizativos" que propiciaron el trágico desenlace, según informa la ACN. El abril pasado, la Generalitat decidió apartar definitivamente a la fundación Fiella de la gestión de su residencia de gente mayor, y la asumió el hospital Sant Joan de Déu, que la mantendrá los próximos cuatro años.
Según la fiscalía, estas disfunciones consistirían en el incumplimiento del plan de contingencia, la falta de previsión, control y supervisión de la dirección y la no asunción de las recomendaciones hechas por el Departamento de Salut. En la denuncia, el ministerio público sostiene que "se han constatado defectos graves en la sectorización de los positivos, en el uso de los Equipos de Protección Individual de los trabajadores, en el tratamiento de alimentos, vestuario y residuos y, muy especialmente, en la asistencia sanitaria en los contagiados". Hoy la fiscalía de Lleida no ha querido facilitar la denuncia completa, que sería la primera que se presenta a Catalunya, después de un análisis exhaustivo de todas las denuncias recibidas en las fiscalías territoriales.
Investigaciones
En el Estado español, la Fiscalía General del Estado ordenó en todas las fiscalías un control en la gestión de la pandemia en las residencias de personas mayores ante la alta mortalidad en los primeros meses de la propagación del virus, que los servicios sanitarios atendieron sin medios y en situaciones de confusión. El ministerio fiscal interpuso 27 denuncias en el 2020 vinculadas a la gestión de las residencias de personas mayores. Incoó 785 diligencias preprocesales civiles de protección, de las cuales 491 continuaban en tramitación a finales de año. Se incoaron también 441 diligencias de investigación; 221 seguían abiertas al cierre de 2020. Así se reflejaba en la Memoria de la Fiscalía General del Estado (FGE) que presentó la fiscal general, Dolors Delgado, en el marco del acto de la apertura del año judicial.
El Ministerio Público precisaba, en su dosier, que Delgado, en coordinación con el fiscal de sala del Civil, "fue consciente desde el primer momento de la necesidad de dedicar una especial atención al seguimiento de las residencias de personas mayores". Según consta en la Memoria, la primera orden se dio el 18 de marzo de 2020, cuando se informó en todos a los fiscales superiores de que tenían que remitir "de manera periódica y centralizada" toda la información disponible relativa a centros geriátricos y sociosanitarios.
La Fiscalía de Barcelona llegó a abrir hasta 230 diligencias civiles, y la mayoría se archivaron porque no vio indicios delictivos y por falta de datos en los primeros meses de caos generalizado y confinamiento.