Reclamación histórica. Entidades feministas han presentado una reclamación a la Diputació de Barcelona para recuperar el emblemático edificio La Bonne – Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison, situado en el número 7 de la calle Sant Pere Més Baix de Barcelona, requisado por Franco y que entregó al ente municipalista en marzo de 1942. Responsables de La Bonne, que agrupa a más de 90 entidades, han explicado este jueves a El Nacional.cat que hace siete años que están en una “alegalidad” al haberse agotado los convenios de cesión de uso parcial del edificio que consiguieron en el año 2003. Ahora reclaman a la presidenta de la Diputación, Lluïsa Moret, el retorno de todo el edificio para las mujeres, en aplicación de la ley estatal de memoria democrática del 2022. Si la Diputació no responde, la asociación promotora de La Bonne presentará una demanda por la vía contencioso-administrativa.
Cesión “nunca completa”
La Bonne afirma que la condición de la cesión —continuar la obra cultural y social del Institut— nunca ha sido completa por parte de la Diputació. Detalla que, con el paso de los años, “el edificio acogió una escuela de ingeniería de la Universitat Politècnica, y posteriormente el Institut del Teatre, usos del todo ajenos a la cultura de las mujeres”. La Bonne denuncia que “el edificio acoge todo tipo de actos”.
Las entidades feministas basan su reclamación en el artículo 31 de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática, que reconoce el derecho al resarcimiento de los bienes confiscados por razones políticas, ideológicas o de conciencia durante la Guerra Civil y la dictadura. La ley reconoce expresamente a las asociaciones feministas e instituciones educativas como entidades con derecho a reclamar esta restitución, y hace una mención especial a la represión sufrida por las mujeres que ejercieron un papel activo en la vida intelectual y cultural del país.
Subsidiariamente, si la cesión fuera considerada legalmente válida, La Bonne pide la resolución del contrato por incumplimiento de la condición esencial que la motivaba, de acuerdo con el artículo 1.124 del Código Civil. La entidad ha anunciado también que incluirá el inmueble en la base de datos de bienes confiscados por el franquismo que elabora el grupo de investigación ISOCAC de la Universitat Rovira i Virgili, un proyecto financiado por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática concebido como herramienta de apoyo para reclamaciones judiciales.
Valor histórico y feminista
Las entidades manifiestan que “el edificio tiene un valor simbólico extraordinario para el movimiento feminista catalán”. Recuerdan que allí en 1909 Francesca Bonnemaison impulsó la primera biblioteca pública de mujeres de toda Europa. En 1922, el Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona —creado, gestionado y financiado íntegramente por mujeres— se instaló definitivamente en el inmueble de la calle Sant Pere Més Baix. En su momento de esplendor, en los años veinte y treinta, cerca de 30.000 mujeres pasaban cada año por sus instalaciones, donde se impartían desde clases de idiomas hasta formación profesional en ámbitos poco habituales para las mujeres de la época, como la delineación o la fotografía.
La confiscación franquista
Según la documentación aportada por la asociación, basada en una investigación de la historiadora Isabel Segura y las juristas Marisa Fernández y Eugenia Canal, el Instituto funcionaba con plena normalidad y salud económica hasta julio de 1936. Terminada la Guerra Civil, las responsables de la entidad se encontraron bajo una presión creciente por parte de las nuevas autoridades franquistas. Pilar Primo de Rivera, jefa de la Sección Femenina de Falange, visitó el edificio en febrero de 1939, y en los meses siguientes la Falange maniobró para tomar el control.
Se añade que en el año 1940, bajo estas presiones, la Junta General del Instituto acabó cediendo todo el patrimonio de la entidad —incluyendo el inmueble— a la Diputació de Barcelona, con la condición explícita de que se continuara la obra social del Instituto. La Bonne considera que “aquella cesión no fue voluntaria sino forzada”, y que el pretexto de dificultades económicas que se alegó era falso, como demuestran las actas de la entidad.
La naturaleza real de la operación —se sostiene— quedó al descubierto dos años después: en 1942, la Diputació cedió gratuitamente el edificio a la Sección Femenina de Falange durante 25 años, “vulnerando de manera flagrante la condición pactada”. La formación asumió la dirección con plena libertad, sin ninguna injerencia que no fuera la de la “jerarquía política del Movimiento”.
Con el contexto actual, las entidades feministas, sin convenio de cesión, reclaman la recuperación total de La Bonne.