Los ladrones que roban cobre en la red ferroviaria de Catalunya y en empresas necesitan un colaborador necesario: las empresas que compran este cableado de cobre y lo ponen en el mercado. En Catalunya hay más de 320 chatarrerías, gestores de residuos que se dedican a este material. Según los Mossos d'Esquadra, hay 32, un 10%, que no cumplen las normas y compran a los ladrones este material. Estas empresas no colaboran con la policía, no facilitan los datos de los compradores ni los registros del producto adquirido, y en algunos casos incluso impiden la entrada de los agentes de la Unidad Regional de Policía Administrativa para hacer inspecciones. Se trata de sanciones administrativas, y no cumplir con estas normas conlleva multas de poco valor que les sale a cuenta a los gestores de estas chatarrerías. Los Mossos han explicado hoy que han elevado a nivel 2 el POE Metall, un plan especial para combatir este tipo de robos, y que intensificarán la vigilancia, haciendo "lo que haga falta" con estas empresas que intentan operar al margen de la ley y que permiten colocar el cobre robado, blanqueándolo e introduciéndolo en el mercado legal, haciendo rentable el negocio del robo de cableado, sea de las vías o de empresas.
Las explicaciones las ha dado el comisario Rafel Comes, de la dirección policial de los Mossos, que también ha dicho que han detectado que la venta del cobre, por parte de ladrones multirreincidentes, de nacionalidad extranjera y con mucha movilidad, se hace también en empresas pantalla que adquieren el cobre y luego lo revenden a las empresas que hacen la vista gorda. Comes ha asegurado que el análisis policial lleva a pensar que la mayoría del cobre robado se vende en Catalunya, pero después acaba en el extranjero. El comisario apunta que el precio del cobre, que ha superado los 9 euros el kilo, ha convertido el robo de este metal en un problema en el ámbito europeo, y tienen constancia de que no solo en Catalunya hay grupos dedicados a este tipo de sustracciones.
Más patrullaje para evitar robos de cobre
La activación del nivel 2 del POE Metall incluye aumentar las inspecciones en chatarrerías, controles de tráfico y la implementación de vigilancia aérea con helicópteros y drones, un refuerzo que ya se hacía en las regiones metropolitanas y de Tarragona, donde el nivel 2 ya se había activado hace meses, tal como explicó ElNacional.cat. Los Mossos, sin embargo, no tuvieron en cuenta que incrementar esta vigilancia en estos puntos desplazaría los robos a otras zonas, y ahora, con la activación del nivel 2 en todo el país, se quiere revertir esta situación. Comes también ha explicado que se mejorará la coordinación con operadores ferroviarios y se promoverán medidas de trazabilidad del metal, aunque ha asegurado que todavía no saben cómo hacerlo. La sustracción de cobre, especialmente en la red ferroviaria, ha aumentado un 31% en el último año.
Entre mayo de 2023 y abril de 2024, se han registrado 5.885 incidencias de sustracción de metales en Catalunya. Durante el mismo período, se han efectuado 271 detenciones, un 18% más que el año anterior, la mayoría por hurtos, uno de los problemas para los investigadores. Robar cobre se considera casi siempre un hurto, un delito que no supone más de un año y medio de prisión, y los jueces no autorizan medidas para investigarlo. Este hecho es conocido por los ladrones, que saben que por mucho cobre que roben, nunca entrarán en prisión, según el comisario Comes. La mayoría de los delitos se cometen en obras en construcción o empresas, y a menudo los delincuentes tienen antecedentes.
Órdenes de alejamiento de los ladrones
El comisario Comes, más allá de este refuerzo con recursos para hacer patrullaje por tierra y aire, también con drones por la noche, ha explicado que se mejorará la coordinación con la Fiscalía para pedir que los multirreincidentes no se puedan acercar a las vías del tren por orden judicial. Con esta orden de alejamiento, que ya se ha aplicado con éxito en robos en el Metro y con ladrones que se dedican a robos en la AP-7, se quiere evitar que los ladrones conocidos por la policía puedan estar en la zona, y si los detectan, puedan ser detenidos por quebrantamiento de condena antes de que cometan un potencial robo. Aun así, en respuesta a preguntas de los periodistas, Comes no ha sabido aclarar si estas medidas ya se han implementado y por qué, meses después de haber detectado este problema, no se habían aplicado antes.
Los Mossos, colaborando con otros departamentos de la Generalitat, centrarán sus esfuerzos en estas empresas que intentan saltarse la ley y comprar cobre robado. Han destacado que el 90% de las empresas son serias, colaboran con la policía y evitan comprar cobre sustraído. El año pasado, del total de inspecciones realizadas, un 16% resultaron en infracciones, y durante este año, la cifra ha sido del 17%. La mayoría de estas infracciones se deben a irregularidades en la cumplimentación de los registros obligatorios, a la omisión de las comunicaciones obligatorias a los Mossos d'Esquadra y a la omisión de datos obligatorios en los registros. Sobre el robo de cobre que ha disparado la guerra entre el gobierno catalán y el gobierno español, el comisario Comes no ha querido dar detalles de la investigación, que ElNacional.cat ha podido saber que está estancada, y ha querido asegurar, eso sí, que Adif y Ferrocarrils, como los ciudadanos que sufren los retrasos, son las víctimas y nunca los culpables.