El escándalo que se reveló ahora hace más de un año se ha cerrado con polémica. En diciembre de 2022 se supo que un grupo de militares del cuartel de El Bruc habían organizado un sorteo para pasar un rato con una prostituta con motivo del día de La Purísima. Eran unos setenta participantes en un grupo de chat que habían organizado este sorteo para recaudar dinero por la fiesta de la compañía. En los mensajes que se compartieron, enviaron imágenes de la mujer y de los servicios que ofrece, series de comentarios machistas.
Ahora, el Ejército ha propuesto cerrar el caso con una sanción leve para los dos militares que promovieron la rifa. Se trata de una pena de arresto que se alargará entre 15 y 30 días, por lo que se considera una "falta grave". Así, después de que el Ministerio del Interior decidiera iniciar una investigación interna, el Ejército considera que la acción incumple el artículo 7 del Régimen Disciplinario, que considera falta grave las actuaciones que afectan la imagen de las fuerzas armadas o que provocan su descrédito y menosprecio.
La sanción poco ejemplar ha generado polémica entre la ciudadanía. En las redes sociales, ha habido comentarios criticando el hecho de que no se ha tenido en cuenta "la dignidad de la mujer". "Las mujeres son nada y los militares lo dejan claro", ha dicho otro, mientras que un tercero ha señalado que "los valores del ejército español siempre han dejado mucho que desear".
Reacción política, pero desinterés judicial
El caso provocó una rápida reacción en el mundo político. El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, tuvo palabras duras para el sorteo. "Desconozco el tema en cuestión, pero si eso fuera así, me parece una barbaridad y supongo que alguna investigación se tendría que abrir", dijo, preguntado poco rato después de que se revelaran los hechos. Todavía más contundentemente se pronunció la ministra de Defensa, Margarita Robles, que afirmó que los promotores de la "inaceptable" rifa tendrían que ser expulsados de las fuerzas armadas.
Ahora bien, el caso tuvo poco recorrido judicial. La magistrada de Barcelona que investigó la denuncia interpuesta por un coronel de infantería sobre el sorteo, decretó el archivo al considerar que los hechos denunciados no eran constitutivos de ningún delito. Unos días antes, la Fiscalía de Barcelona ya pidió el archivo, al asegurar que se habían identificado los dos responsables del anuncio y se había concluido que se trataba de un grupo de WhatsApp de 62 integrantes "no oficial" y que el "sorteo de la prostituta" era absolutamente ficticio, porque no había intención real de solicitar sus servicios.