El Departament de Educació asumirá la responsabilidad de los proyectos lingüísticos de los centros educativos. Así lo ha anunciado este lunes la consellera de Educació, Anna Simó, que ha apuntado que ante la ola reaccionaria de la ultraderecha es necesario "rearticular un modelo de defensa de la escuela catalana". El plan que se ha presentado este lunes para proteger el catalán en las aulas. La consellera ha explicado que el objetivo del decreto es que el catalán sea el eje a partir del cual se articulan los proyectos educativos de los centros y desplegar el título segundo de la Llei d'Educació de Catalunya (LEC). Este lunes se ha iniciado el trámite de información pública de este decreto, que se extenderá hasta el 15 de septiembre "para que todo el mundo pueda hacer sus aportaciones y que salga un texto robusto y consensuado".

El decreto concretará como elaborar, aprobar y evaluar los proyectos lingüísticos de los centros para poder proteger las direcciones de los embates de la justicia española. Así pues, establece que la responsabilidad de los proyectos lingüísticos será de la conselleria y no de las direcciones. Además, según señala el texto, no se podrán cambiar los proyectos lingüísticos del centro una vez haya empezado el curso escolar, y también incluye medidas para garantizar el cumplimiento de los proyectos.

C2 obligatorio

El decreto del régimen lingüístico en las escuelas también incluye que los profesores que accedan a la bolsa de interinos o se presenten a unas oposiciones a partir del curso 2025-2026 tendrán que acreditar el nivel C2 de catalán. El borrador de la normativa regula el uso que se hace del catalán y el castellano en la escuela, siguiendo la estela de la ley que el Parlament aprobó hace 1 año, donde consideraba el catalán como lengua vehicular en la escuela, y el castellano como curricular.

Así pues, el borrador fija que a partir del curso 2025-2026, se exigirá el nivel C2 de catalán a los nuevos profesores, tanto interinos como sustitutos, para los nombrados como directores o inspectores, así como por todos los nombramientos que sean una promoción o un cambio de puesto de trabajo. Con respecto al profesorado de lengua extranjera, será obligatorio, como mínimo, el B2 de primaria y el C1 en secundaria. La consellera ha explicado que el objetivo del decreto es que el catalán sea el eje a partir del cual se articulan los proyectos educativos de los centros.

El catalán: lengua vehicular

El decreto es el tercer pilar con el cual el Govern quiere proteger el catalán, y establece que la lengua vehicular de los centros es el catalán, no solo académicamente, sino que también lo será en la comunicación con las familias. Sin embargo, habrá excepciones para las familias recién llegadas y que no tienen conocimiento de la lengua catalana, o incluso, castellana. Aparte, el texto también apunta que el catalán no tiene que ser homogéneo en todos los centros de Catalunya, entienden así que "donde se detecte una falta en las competencias orales y escritas, o que por su composición sociolingüística lo requiera, se tienen que aplicar programas de inmersión lingüística".

Con respecto al uso de la lengua castellana en la escuela, se contempla que tengan un "uso curricular y educativo" para algunos contenidos específicos, actividades educativas y recursos didácticos, en aquellas circunstancias en las cuales haya que reforzar la enseñanza. Aunque el decreto especifica que la medida "no puede implicar que el catalán o el aranés dejen de ser la lengua vehicular normalmente utilizada en el centro ni la creación de grupos separados en función de la lengua". Sin embargo, el decreto no especifica cómo se distribuyen los porcentajes en el uso de las lenguas oficiales, y da libertad al centro para establecer como se repartirá la presencia de cada una, según la realidad sociolingüística del centro en cuestión.

El decreto se suma a las otras dos normas que ha aprobado el Gobierno: la ley de los usos del catalán y el castellano en la escuela, aprobada por una amplia mayoría del Parlamento y que establece que el catalán es vehicular y el castellano, curricular, y el decreto que rechaza los porcentajes lingüísticos. La semana pasada, el TSJC confirmó el 25% de castellano en tres escuelas que ya lo aplicaban como medida cautelar. El tribunal estimó parcialmente los recursos de las familias que querían que se tumbara el proyecto lingüístico de centro. A pesar de no aceptar la petición, el TSJC obligó a impartir en castellano alguna asignatura troncal que no sea lingüística.