El edadismo -discriminación por razón de edad, especialmente de personas mayores- “afecta gravemente a los niños y adolescentes en Catalunya” porque las administraciones públicas “a menudo no tienen en cuenta la edad ni las necesidades de este colectivo, hecho que limita sus derechos y oportunidades”, denuncia el Síndic de Greuges en el Informe sobre los derechos de la infancia 2024, que la síndica Esther Giménez-Salinas ha presentado este martes. Por ejemplo, se indica que en Catalunya, la inversión en pensiones contributivas de jubilación (cerca de 20.000 millones de euros) prácticamente triplica la inversión en políticas de infancia (cerca de 8.000 millones), incluida la educación. Más cifras: la inversión en políticas de infancia de la Generalitat representa el 15,6 % del gasto del sector público. Otro dato importante es que “los tiempos de espera en intervenciones quirúrgicas y en pruebas diagnósticas son más elevados entre los niños que entre la población total”, sostiene la síndica. Y se precisa que actualmente, los niños representan el 10 % de las personas en lista de espera para consultas externas; el 2,5 % para pruebas diagnósticas, y el 7,4 % para intervenciones quirúrgicas, "cifras muy inferiores a su peso demográfico (el 17,1%)", se asegura.
Gimenez-Salinas sostiene que “en Catalunya, los niños y adolescentes continúan sufriendo déficits importantes en el derecho a ser escuchados en los ámbitos de su vida cotidiana, como en el escolar, el de la protección o el judicial, entre otros”. Para hacer frente a esta discriminación, la síndica de Greuges recomienda diferentes medidas que tenga en cuenta a los menores, y que no sean tratados como “propiedades” de sus progenitores.
Cambios en Salut
Uno de estos cambios recomendados por la síndica es que el Departament de Salut modifique la norma por la cual se establecen los plazos de referencia para la accesibilidad a las prestaciones sanitarias, que hacen el Servei Català de la Salut, “a fin de establecer que la condición de niño sea un criterio de priorización en el acceso a las prestaciones sanitarias que tienen establecido un plazo de referencia y estudiar la conveniencia de establecer plazos máximos garantizados para los niños en los procedimientos que más afectan a su salud “. Salut publica los datos sobre las listas de espera, de las cuales hace una semana la consellera Olga Pané anunció en el Parlament que se han reducido la lista de espera para operaciones en cerca de 5.800 personas en un año, en un contexto récord de actuaciones y demanda. En el caso de las consultas externas, en septiembre de 2025 había cerca de 18.900 personas menos esperando que un año atrás.
Giménez-Salinas ha insistido en que las administraciones “deben reconocer que los niños y adolescentes tienen necesidades, derechos y capacidades diferentes de las personas adultas, que deben ser consideradas de manera específica y prioritaria cuando se diseñan, implementan y evalúan políticas públicas”.
Ignorados en la vivienda y las ayudas
Además del ámbito de Salud, el informe repasa todos los servicios necesarios para los menores, como la vivienda. “La exclusión residencial tiene más impacto en los niños que en los adultos, porque están en una etapa clave de su desarrollo. Aun así, no se han implementado políticas de vivienda que garanticen un tratamiento específico para los niños”, se asegura en el estudio. Detalla que actualmente, hay cerca de 3.000 unidades de convivencia con niños a cargo pendientes de asignación de vivienda por parte de las mesas de emergencia. El tiempo medio de adjudicación de una vivienda, entre la fecha de registro y la asignación de la vivienda, es de 18 meses (469 días). En el caso de las unidades con niños a cargo, el tiempo de espera es de 21 meses (618 días), mientras que, en el caso de unidades sin menores, este tiempo se reduce a 15 meses (460,2 días).
Las prestaciones sociales también se olvidan de los menores. Así, el Síndic de Greuges sostiene que “las políticas de transferencia de rentas orientadas a combatir la pobreza infantil no reconocen al niño como sujeto de derecho”. Detalla que la prestación de la renta garantizada de ciudadanía (RGC) no otorga a los niños el derecho subjetivo ni discrimina suficientemente a las familias con niños a cargo, porque los importes que establece están condicionados al número de miembros de la unidad familiar, sin distinguir si son adultos o niños, y no establece una cuantía adicional por miembro, de manera que no se ajusta al coste real de vida de un niño. En el caso del ingreso mínimo vital (IMV), existe el complemento de ayuda a la infancia (CAPI), que es un complemento específico por niño a cargo (de entre 57,5 y 115 euros mensuales, en función de la edad).
Se asegura que cerca del 15 % de los niños en situación de pobreza extrema y cerca del 55 % de los niños en riesgo de pobreza no tienen acceso ni a la Renta Garantida de Ciudadanía (RGC) ni al Ingreso Mínimo Vital (IMV). Si bien la cobertura de la RGC entre los niños (8,1 % de los que se encuentran en riesgo de pobreza) es ligeramente superior a la de los adultos (7,7 %), hay muchos niños en riesgo de pobreza que no son beneficiarios.
Los adolescentes, los más discriminados
En este olvido de los menores, los adolescentes -que están en una etapa compleja- tienen menos recursos, se manifiesta desde el Síndic de Greuges. Así, se detalla que en el complemento de ayuda para la infancia (CAPI) se da 115 euros a niños menores de tres años, mientras que se rebaja a 57,50 euros de seis a 17 años. Se añade que mientras que el 1,6 % de los niños menores de seis años se encuentra en situación de riesgo, esta proporción aumenta hasta el 3,2 % en el caso de los adolescentes de doce años o más. A pesar de esta mayor prevalencia de situaciones de riesgo, solo el 9,8 % de usuarios de los servicios de intervención socioeducativa son adolescentes de doce años o más. El 72,9 % de los usuarios son niños de cuatro a quince años.
Derecho a voto a los 16 años
Para equilibrar los derechos y deberes de los menores, la síndica propone que los 16 años se considere una “primera mayoría de edad”, y se corrija la actual incongruencia: a partir de los 14 años tienen responsabilidades penales, pero hasta los 16 dependen de los padres en cuestiones de salud y otras accones. Por ello, la síndica recomienda que a partir de los 16 años se garantice al adolescente: el derecho a voto y a formar parte de partidos políticos, una medida que ya estudiaba el Gobierno, el pasado abril; el derecho de autodeterminación informativa y el derecho de acceso a las redes sociales; el derecho de los adolescentes a presentar solicitudes de admisión al sistema educativo; y ampliar la capacidad de los adolescentes de decidir sobre la administración de sus bienes y de firmar contratos sin representación de los tutores legales.
En este sentido, la síndica también plantea “alargar la edad de escolarización obligatoria hasta los 18 años” o hasta la finalización de las enseñanzas secundarias postobligatorias, si es antes.