Nuevo caso en el juzgado. El titular del juzgado de instrucción 4 de Mataró investiga dos directores de la residencia Ca N'Amell de Premià de Mar por la elevada muerte de personas mayores durante la pandemia de la Covid-19, en el 2020. La investigación se ha abierto a raíz de la querella presentada por la fiscalía que acusa a los dos directores, uno de ellos médico, de la empresa Geriatros SAU, de los delitos de homicidio imprudente profesional grave, lesiones por imprudencia y trato degradante. La fiscalía indica que hubo 87 personas muertas en el centro, entre marzo y mayo 2020, a consecuencia de "las negligencias cometidas y consentidas". En concreto, detalla que 67 usuarios murieron en el centro, 24 en dispositivos sanitarios y uno en su domicilio. Hay otros juzgados en Catalunya que investigan las muertes en residencias de personas mayores, como en el caso de Tremp.
En la querella, comunicada hoy, la fiscalía detalla que la Generalitat de Catalunya intervino la residencia Ca N'Amell en marzo de 2020 al comprobar que "no se habían tomado medidas" para evitar contagios entre los residentes del centro, que hasta el 2017 era gestionado por el grupo internacional Domus VI y ante la falta de atención en esta residencia, donde había más de 200 personas y 96 resultaron contagiadas. El Consorcio Sanitario del Maresme asumió la dirección del centro, entre marzo y abril de 2020, aunque no se pudo evitar las muertes, afirma la fiscalía en la querella. La Generalitat sancionó a los dos directivos a cuatro años sin servicios y a 20.000 euros de multa, y derivó a la fiscalía el caso por si podía haber responsabilidades penales, que ahora se investigarán. En la querella se hace constar que los residentes necesitaban unas atenciones médicas que el centro no les daba y les faltaba plantilla. Incluso se relata los casos de 25 personas muertas, y acusa a la dirección de "la gravedad del sufrimiento gratuito que provocaron a los usuarios a causa de su desatención en la cual fueron sometidos con consentimiento de los querellados", afirma la fiscal jefe del área de Mataró, Montserrat Poderoso, que firma la querella.
Más casos
En relación con las deficientes gestiones en residencias, la semana pasaba empezaron a declarar investigados en un juzgado de Tremp ante la denuncia presentada por la fiscalía de Lleida contra la dirección de la residencia Fiella de Tremp por los delitos de homicidio imprudente, trato degradante y contra la seguridad al trabajo. Después de un año de investigación, con la colaboración de los Mossos d'Esquadra, el ministerio público considera que hay indicios de "disfunciones gravísimas" que habrían influido de manera decisiva en el brote de covid-19 detectado en noviembre de 2020 que causó la muerte de 64 de los 142 residentes. La fiscalía apunta concretamente a la entonces directora del centro y a la responsable de higiene sanitaria, a quien les atribuye "déficits organizativos" que propiciaron el trágico desenlace.
La fiscalía investigó más de 200 casos de residencias en Catalunya, por la vía civil y penal, para analizar su gestión por la pandemia. Este año se han denunciado una decena en el área de Barcelona por falta de información.