Este jueves han empezado las primeras declaraciones en el juzgado de Tremp sobre la causa abierta por homicidio imprudente contra dos extrabajadoras de la residencia Filella, centro donde murieron 64 residentes por coronavirus en noviembre de 2020. Según ha explicado Xavier Prats, abogado de una de las familias afectadas, los testigos han calificado de "descontrol total" la situación que se encontraron en el centro residencial durante aquel mes de noviembre. En la jornada de este año, han declarado en fase de instrucción los dos agentes de los Mossos d'Esquadra que se encargaron de la investigación, también lo ha hecho Divina Farreny (la entonces gerente de Salut en las regiones sanitarias de Lleida y el Alt Pirineu i Aran) y Elena Badia, directora del centro cuando fue intervenido por Salut.
Prats ha detallado que los dos policías han ratificado su atestado, que especifica que no se siguió ningún plan de contención para hacer frente a la pandemia. Paralelamente, los Mossos han indicado que el 26, 27 y 28 de noviembre de 2020 —los días en que se notificaron más casos de coronavirus en la residencia— no se notificó ningún dato ni se introdujo ninguna información a través de los programas específicos que habían puesto en marcha el Departament de Salut y de Treball para poder controlar la situación pandémica en estos centros. Según el letrado, la residencia tampoco ofreció una formación específica a los trabajadores, aunque una de ellas se ofreció de manera voluntaria a hacer formación sobre los Equipos de Protección Individual (EPI). Sobre este ofrecimiento, Prats ha indicado que "le dijeron que no hacía falta". A todo ello, hay que sumar que había personas del equipo de limpieza haciendo tareas de gerocultores sin formación previa, hecho que desembocó en la "tragedia".
Por su parte, Divina Farreny se ha limitado a explicar a los medios después de su declaración que se ha remitido a lo que ya dijo en una rueda de prensa en diciembre de 2020. En aquel momento, sostuvo que la situación estaba "descontrolada" porque no se habían aislado los contagiados y que los trabajadores no hacían uso de los EPIs. Para más inri, ha precisado que Salut decidió intervenir la residencia por el alto nivel de transmisión y el elevado volumen de casos de covid. Cuando este trámite se efectuó, la exgerente de Salut de las regiones sanitarias de Lleida y el Alt Pirineu i Aran sostiene que no estaban actualizados ni el listado de personal ni el de residentes, así como que les costó mucho encontrar el plan de contingencia.
Luis Salas, abogado de la directora de la residencia Filella cuando tuvieron lugar estos hechos, ha defendido que las declaraciones de este jueves se basan en "manifestaciones de terceros". Salas ha negado que hubiera descontrol por parte de las investigadas, aunque ha dicho que fue "una situación excepcional, totalmente incontrolable" y que lo que hace falta es escuchar "a las personas que vivieron la situación" de manera directa.
¿Qué se investiga?
En relación con los hechos que tuvieron lugar en la residencia de Tremp, hay dos causas abiertas: una es la que hace referencia a estas declaraciones y que afecta a dos extrabajadoras del centro residencial por homicidio imprudente y trato degradante. La otra es contra las mismas investigadas, pero por el delito contra la seguridad en el trabajo. En este último caso, el juzgado ha citado a declarar a 49 trabajadores de la residencia, unas declaraciones que empezarán el mes de abril. Los dos procedimientos se abrieron el pasado 9 de febrero fruto de una denuncia que presentó la Fiscalía de Lleida el 3 de febrero de este año.
De los 142 residentes del centro, 64 murieron a consecuencia del brote de covid-19. La denuncia presentada por la Fiscalía de Lleida explicaba que, durante aquellas semanas, se detectó "dejadez en la atención a los residentes, falta de medidas para frenar el virus, descoordinación y una falta de asistencia sanitaria real". También se investiga que, presuntamente, no se sirvieron cenas a los usuarios de la residencia hasta pasada la medianoche y que llegaron a pasar frío, hambre y siete. Otros hechos denunciados son que, supuestamente, había cuadros de registro de temperatura o de suministro de medicación a residentes que hacía días que estaban muertos y también que algunos familiares de los residentes recibieron información que estos estaban en buen estado de salud cuando habían muerto.