El pasado 30 de enero, la Organización Mundial de la Salud declaró finalmente que el coronavirus era una "emergencia de salud pública internacional". Pero la advertencia no parecía ir con el Gobierno. El día siguiente, el 31 de enero, era cuando Fernando Simón aseguraba que España no tendría "más allá de algún caso diagnosticado" y que, si hubiera transmisión local, estaría "muy limitada y muy controlada". Todo esto se ve reflejado en la respuesta que ha dado el Estado. Según se desprende de las licitaciones publicadas en la Plataforma de Contratación del Sector Público, consultadas por ElNacional.cat, no fue hasta el 10 de marzo que el Ministerio de Sanidad, a través del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), empezó en proveerse de material de protección. De aquel día es el primer contrato en relación al virus. Eso es tan solo cuatro días antes de que Pedro Sánchez declarara el estado de alarma.

El 10 de marzo la situación en el Estado ya empezaba a ser preocupante. No tanto por el valor absoluto de las cifras, que se situaban en 1.639 casos positivos y 135 muertos. Sino por el avance diario cada vez más agresivo de la pandemia. El día antes España registró el mayor incremento de casos diarios que se ha registrado hasta el día de hoy, de un 104,4% en 24 horas. Del 9 al 10 de marzo, las defunciones dieron un salto de 30 a 135 personas traspasadas por culpa de la pandemia.

Aquel día fue cuando el Estado empezó en proveerse de material sanitario para hacer frente al coronavirus. El 10 de marzo, el director del INGESA, Alfonso María Jiménez Palacios, formalizó hasta tres contratos. El primero compraba 612 mascarillas FFP2 y FFP3 a la empresa Dräger Safety Hispania por un valorar de 2.725,91 euros, IVA incluido. El precio por unidad se movió entre 1,51 euros y 5,72 euros, en función de los diferentes modelos. El 10 de marzo, Sanidad también adquirió 34.760 mascarillas a la empresa 3M por un valor 85.860,68 euros, con un precio unitario de 2,47 euros. Finalmente, aquel día también se cerró un tercer contrato con la empresa Suministros Hospitalarios SA para la compra 316.000 mascarillas quirúrgicas por un total de 8.523,24 euros.

La primera semana, tres millones de euros

A partir del decreto de estado de alarma, aprobado por el Consejo de Ministros en una reunión extraordinaria el 14 de marzo, fue cuando el Ministerio de Sanidad empezó en proveerse de material sanitario. El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria cerró hasta ocho contratos durante la primera semana de estado de alarma. El valor total de estas licitaciones, sin embargo, a duras penas llega a los tres millones de euros (2.932.490 euros, IVA incluido). Esta compra incluyó 597.850 mascarillas de diferentes tipos (la gran mayoría quirúrgicas), un millón de soluciones higienizantes, 42.000 batas impermeables, 5,8 millones de guantes de nitrilo o material para realizar 50.000 tests de coronavirus.

Centralización y fiascos

La compra de material sanitario ha venido acompañada de polémica. En primer lugar, por el mando único, que arrebató a las comunidades unas competencias que ejercían desde hace décadas, y que les dotaba de una experiencia en un mercado sanitario de la que no disponía el Ministerio de Sanidad. En segundo lugar, por fiascos como los de los tests o las mascarillas defectuosas, que han tenido que ser devueltos generando estupefacción.

 

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