Sigue el conflicto por el Club de Mar de Sitges. El histórico club lucha por encontrar alguna oportunidad de subsistencia y después de recibir la notificación de la Dirección General de Costas del Estado en Catalunya para derribar las instalaciones, ha presentado un requerimiento en el Departament de Cultura de la Generalitat para que paralice el derribo del edificio al considerar que se trata “de un delito contra el patrimonio”. El club defiende que es un bien cultural de interés local protegido, desde el 2014, por la ley de patrimonio de la Generalitat, y por lo tanto echarlo abajo supondría un delito. La Generalitat estudiará también si pide al Ministerio de Transición Ecológica que paralice el derribo del edificio.
El Club de Mar de Sitges es una instalación considerada por el Govern como un elemento histórico clave del municipio del Garraf. Hace falta tener en cuenta que la decisión también supondría la desaparición de la piscina, la primera que se construyó en Sitges, con fecha de 1934 y que fue inaugurada por el presidente de la Segunda República, Manuel Azaña. Además, también se lucha por la protección del edificio por su valor social gracias al estilo arquitectónico, donde destacan las ventanas del siglo XX construidas con vuelta catalana.
Objetivo: salvar el Club de Mar
Entre las acciones judiciales y mediáticas que prepara el club de Sitges también incluye trasladar su postura contraria al derribo al president de la Generalitat, Salvador Illa, que ya se ha comprometido a estudiar y abordar el conflicto. El equipo de abogados del Club de Mar analiza una posible ilegalidad en la aplicación de la sentencia sobre una posible caducidad de su ejecución. La única sentencia que dicta el derribo de la instalación se publicó en el 2003 y no se ejecutó nunca.
Mientras tanto, la delegación del Gobierno en Catalunya defiende su derribo. El delegado Carlos Prieto da por hecho que se tendrán que derribar los restaurantes Kansas y Pic-Nic en una fase posterior al Club de Mar, cuando los expedientes sancionadores sean firmes. Y ha expresado que “ejecutarán una sentencia judicial firme” para “recuperar espacios de dominio público que fueron ocupados de manera incompatible a la normativa vigente”. Prieto defiende que estos procesos responden a una Orden Ministerial de 1994 para cumplir la Ley de Costas, y resalta que ponen fin a un largo periplo judicial en que los tribunales se han pronunciado a favor del derribo.
El futuro del club
Según el Estado, una vez finalizada la demolición, el Ministerio impulsará un proyecto de retroceso del paseo, con una naturalización y estabilización del sistema de dunas que permitirá recuperar hasta 10.000 m² de playa seca, “mejorando la funcionalidad ambiental, el uso lúdico y la resistencia a los temporales”. Prieto ha asegurado que este proyecto permite “ganar playa a todo el mundo y proteger el litoral ante los efectos del cambio climático”. A través de un comunicado, ha defendido que “las administraciones públicas tienen que velar por el bien de todos y todas, y con el proyecto que se plantea gana todo Sitges”.