Las asociaciones de jueces y fiscales han cuestionado el plan de choque propuesto por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ante la carga de trabajo prevista tras el estado de alarma, al estimar que no aborda una respuesta práctica ante una realidad judicial excepcional, sino que esconde una reforma integral de la justicia que requiere tiempo.

A lo largo de estos días, las asociaciones judiciales han ido presentando sus alegaciones al centenar de medidas planteadas por el Consejo General del Poder Judicial al Ministerio de Justicia para evitar el colapso de los juzgados ante el previsible ingreso masivo de asuntos una vez se levante el estado de alarma.

Además, la Fiscalía General del Estado pidió a las asociaciones que les remitiesen propuestas para retomar la actividad una vez que se pueda a consecuencia de la pandemia y, de hecho, muchas de las peticiones dan respuesta a las cuestiones planteadas por el CGPJ porque son problemas que afectan a todos los operadores jurídicos.

El Consejo proponía la posibilidad de habilitar agosto, de dictar sentencias orales en determinadas circunstancias; o de desincentivar las litigaciones "sin fundamento" mediante el pago de las costas o la imposición de una multa en el orden civil.

También planteaba implantar mecanismos de refuerzo, definir normas de reparto y especialización en el orden civil excediendo el ámbito territorial del partido judicial. Y, con relación a los ERTE, elevar la cuantía para el acceso al recurso de suplicación o que las sentencias resolviendo las impugnaciones "no sean susceptibles de recurso de suplicación ni, en su caso, de casación ordinaria".

Excesivo y ajeno a la realidad

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en el sector, asume que el borrador es "bienintencionado", pero más allá de algunas "medidas acertadas", propone otras "excesivamente ambiciosas" que se dilatarían en el tiempo, o que directamente "son ineficaces o tienen poco que ver con la realidad".

Temen que el CGPJ pretenda con el documento "monopolizar y asumir competencias excepcionales sobre el estatuto de los jueces" y piden medidas concretas de carácter inmediato que se dicten "con escrupuloso respeto a las normas constitucionales", "unificación de criterios", y más recursos personales.

Por su parte, la asociación de jueces Francisco de Vitoria (AJFV) también estimó que el plan de choque ignoraba la realidad de la justicia con medidas que implicarían un "cambio estructural del modelo procesal" que, a juicio también de Foro Judicial Independiente (FJI), podrían afectar a la independencia judicial.

La progresista Juezas y Jueces para la Democracia (JJPD) también criticó que se "planteen reformas procesales de calado y sustraídas al necesario debate público" y consideró que las propuestas se deberán ceñir a "actuaciones puntuales exclusivamente ligadas" a dar una respuesta rápida a los asuntos.

Soluciones prácticas y no grandes reformas

Desde las asociaciones de fiscales también arrecian las críticas contra el plan del CGPJ, en especial por no buscar soluciones prácticas, precisas y concretas ante una situación excepcional y por aprovechar la crisis como marco para impulsar las grandes reformas de la Justicia, que exigen una tramitación y reflexión oportuna.

Fuentes de la Asociación de Fiscales explican a Efe que las medidas del CGPJ son "poco realistas, poco efectivas y muchas irrealizables", ya que se enfocan en cuestiones que no solucionan su inminente reincorporación, sino que pretenden conseguir las grandes reformas de la Justicia en esta situación de crisis.

"Son reformas que requieren de una larga tramitación a través de leyes orgánicas y sin embargo, no estudian soluciones prácticas", añaden las fuentes.

Más contundentes es la Asociación Profesional Independiente de Fiscales que creen que "un plan de choque no va a ningún lado", porque las reformas se tenían que haber hecho "en épocas más prósperas y no ahora cuando no hay tiempo". Además, se oponen a las sentencias "in voce" y a habilitar agosto por los problemas de conciliación que crearía, que son los que existen ahora.

La Unión Progresista de Fiscales (UPF) no se refiere explícitamente en su documento al plan del CGPJ, pero sí dice que hay que ceñirse a adoptar medidas en esta situación excepcional, "dejando al margen aquellas otras medidas necesarias para paliar viejos problemas de la administración de Justicia (...) que requieren de un debate sosegado". Sí que abogan por habilitar agosto y plantean recurrir a fiscales sustitutos.

Y en opinión del Consejo General de la Abogacía, el borrador es "un documento preparado con independencia del estado de alarma" y con "inclinación" a veces a limitar el acceso de la ciudadanía a la justicia, y rechaza la propuesta de declarar agosto mes hábil, según explica en un comunicado.