El caso Sandra Peña ha vuelto a poner sobre la mesa las dudas en torno a los protocolos contra el acoso escolar en los centros educativos. La joven sevillana de 14 años se precipitó el martes desde la azotea de su casa justo cuando regresó de la escuela, y la Consejería de Desarrollo Educativo de Andalucía inició inmediatamente una inspección en el colegio Las Irlandesas de Loreto de Sevilla para aclarar los hechos. Lo que descubrieron es que la familia ya había avisado de que su hija sufría bullying, pero el centro no activó ni el protocolo de acoso ni el de conductas autolíticas, a pesar de que así lo obliga la normativa vigente. Es por eso que ahora la Junta de Andalucía llevará ante la Fiscalía toda la información del caso, al tiempo que abrirá un expediente administrativo para depurar responsabilidades. Ahora bien, nosotros nos preguntamos: ¿qué debería hacer una escuela en caso de recibir una alerta por bullying?
En Catalunya, el Protocolo de actuación ante cualquier tipo de violencia en el ámbito educativo, elaborado por el Departament d'Educació, establece con detalle cómo deben proceder los centros educativos para garantizar la protección del alumnado y evitar cualquier riesgo de revictimización. Una idea es clara: cuando un estudiante o una familia comunica una posible situación de acoso escolar, la escuela tiene la obligación de actuar de manera inmediata, ordenada y documentada.
Sospecha y activación del protocolo
El proceso se inicia en el momento en que cualquier miembro de la comunidad educativa comunica o detecta indicios de una situación de violencia, y entonces la dirección del centro debe distinguir si se trata de una conducta leve o gravemente perjudicial para la convivencia —el bullying se incluye dentro de este segundo grupo—. Ante la sospecha de acoso, la dirección debe activar una alerta y hacer constar el caso en el Registro de violencias del alumnado (REVA), un sistema interno que permite recoger los datos de manera confidencial e iniciar la valoración del caso. Esta primera comunicación sirve para poner en marcha los canales de apoyo y asesoramiento, como la Unidad de Apoyo al Alumnado en situación de Violencia (USAV) o la inspección educativa.
A partir de aquí, la dirección constituye un equipo de valoración que debería incluir como mínimo al tutor, el jefe de estudios, el orientador o el maestro de pedagogía terapéutica y el coordinador de convivencia y bienestar. Una vez formado, el equipo tiene 48 horas para recoger información, entrevistar al alumnado y a las familias implicadas y elaborar un informe de diagnóstico. El objetivo es determinar si realmente se trata de una situación de acoso y, en caso afirmativo, definir las necesidades educativas y de protección de cada alumno. La dirección del centro realiza la valoración final, con el asesoramiento de la inspección de educación y la USAV, y decide si es necesario activar formalmente el procedimiento de intervención por faltas gravemente perjudiciales para la convivencia.
Comunicación y protección
Confirmada la situación, la escuela debe informar a las partes implicadas con la máxima cura y confidencialidad. Uno de los puntos más importantes es que la atención a la víctima debe ser inmediata y personalizada, y una de las primeras medidas que se pueden impulsar es la elaboración de una especie de mapa de seguridad: se trata de identificar los espacios y momentos del día donde el alumno se siente más vulnerable y establecer medidas para garantizar su protección. Algunas de las medidas posibles son el cambio de grupo del agresor, la vigilancia reforzada en los patios o, en casos graves, la suspensión provisional de asistencia a clase. Además, el centro debería mantener un contacto constante con las familias para asegurar que todas las decisiones se entienden y se asumen conjuntamente, con una adenda a la carta de compromiso educativo que recoja los compromisos adoptados y que esté firmada tanto por la familia como por el tutor.
Después de establecer las medidas de protección, se debe diseñar un plan de trabajo individual para cada alumno implicado. La prioridad para la víctima es la recuperación emocional, el refuerzo de la autoestima y la prevención. En el caso de los agresores, se trabaja el reconocimiento del daño causado, la gestión de las emociones y la mejora de las habilidades empáticas y sociales. Hay que subrayar que el objetivo no es solo sancionar, sino reparar el daño y restablecer las relaciones dentro del grupo de clase y de la comunidad educativa. Es decir, que se recomiendan las prácticas restaurativas (conversaciones, círculos o encuentros con profesionales), siempre con voluntariedad y seguridad para la víctima. La idea es responsabilizar al alumnado sin estigmatizarlo, y promover una convivencia basada en el respeto.
El papel de la comunidad educativa
Una idea que destaca el protocolo es que el bullying es un conflicto de comunicación, más allá de un problema entre dos personas. Es por este motivo que se prevén actuaciones con el grupo clase para reforzar la cohesión, la empatía y la conciencia colectiva sobre el respeto a la diversidad. Las actividades deben estar conducidas por el tutor o el orientador y deben fomentar la reflexión sobre los derechos y deberes de los alumnos, así como la prevención de cualquier forma de discriminación. En este contexto, las familias son agentes clave en la resolución y seguimiento del caso: tanto la de la víctima como las de los agresores deben participar en los encuentros de seguimiento y colaborar con el centro para aplicar las medidas acordadas.
Todas las actuaciones deberán quedar registradas en el REVA hasta el cierre del caso, una vez que el centro compruebe que se ha resuelto la situación y que la convivencia se ha restablecido. El objetivo es garantizar que el centro se convierta en un espacio seguro, inclusivo y libre de violencias, más allá de poner fin a un episodio concreto. Como conclusión, Educació insiste en que ningún indicio de acoso puede ser menospreciado y que la intervención debe ser inmediata, coordinada y empática. "Las actuaciones deben estar siempre orientadas a la persona, exigiendo una valoración y un trato individualizado del alumnado que sufre la violencia", dice el protocolo. Es decir, que la respuesta de una escuela ante una alerta de bullying no es un simple trámite administrativo: es un compromiso educativo y ético con el bienestar de los niños y jóvenes.