El plan de choque contra las viviendas de uso turístico que operan sin licencia, vigente desde julio de 2016, ha conseguido la reducción de 5.875 a 272 de los anuncios sin número de licencia obligatoria en Internet y ha permitido dictar 4.900 órdenes para acabar con la actividad de pisos ilegales en la ciudad de Barcelona.

El Ayuntamiento ha constatado que 1.171 pisos que antes operaban ilegalmente se han recuperado para el parque de vivienda residencial de la ciudad, ya sea con nuevos contratos de larga duración o como residencia del propietario. El aumento de recursos tanto humanos como técnicos ha hecho posible analizar más de 17.000 domicilios anunciados en 140 plataformas web e imponer 6.453 sanciones.

Desde el consistorio aseguran que la aplicación de las sanciones previstas por la ley, el aumento de la inspección y la detección y el uso de herramientas tecnológicas como la araña web han contribuido a la bajada de una actividad que "había proliferado de manera descontrolada".

El Ayuntamiento también considera importante el trabajo conjunto con las plataformas web con el fin de adecuar su oferta a la normativa. Uno de los principales frentes en que se ha actuado es la publicidad a través de internet, donde las plataformas tienen que obligar a que cada anuncio contenga un número de registro de turismo de Catalunya (RTC), tal como lo establece la ley catalana.

Así, a finales de 2018 solo constaban 272 anuncios sin número de licencia obligatoria, una bajada del 95% con respecto a los 5.875 de finales de 2016. Los servicios municipales han seguido muy de cerca la evolución de la oferta y las nuevas publicaciones de pisos sin los datos correspondientes a fin de que se fueran retirando. En total, se han analizado 17.000 domicilios anunciados en 140 webs diferentes.

En cuanto a las sanciones y evolución de los expedientes, desde 2016 hasta finales de 2018 se han abierto 13.014 expedientes disciplinarios y se han impuesto 6.453 sanciones, cinco veces más que en el periodo 2014-2016, cuando hubo 2.556 expedientes y 1.001 sanciones.

No obstante, desde el Ayuntamiento recuerdan que todavía no hay una regulación en el ámbito de alquiler de habitaciones o del alquiler de temporada, lo que facilita que el ofertante fraudulento esconda una oferta turística detrás de alguna de estas modalidades.

Paralelamente, el Ayuntamiento participa activamente en un grupo de presión con otras ciudades europeas, como Amsterdam, Berlín y París, para reclamar a la Comisión Europea que garantice la eficiencia del control y la regulación del alquiler vacacional y el fortalecimiento del poder de negociación con las plataformas digitales en el marco de las actuales directivas europeas de competencia, comercio electrónico y consumo.

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