Tres días después del desalojo del instituto B9 de Badalona, este continúa dando mucho que hablar. Xavier García Albiol cuenta con el apoyo de su partido, el PP, que considera que ha exigido al Govern de la Generalitat y también al del Estado que se hagan responsables de las personas desocupadas y que no tienen dónde ir y que han acampado en la plaza de delante del antiguo instituto. "Estas personas deben ser atendidas por el Gobierno de Pedro Sánchez y por el de Salvador Illa, que son los que han permitido que las fronteras estén abiertas de par en par", ha defendido en las últimas horas el portavoz del partido en el Parlament, Juan Fernández. Pero, ¿cómo han respondido estas instituciones al desalojo del B9?
Una solución inviable
Pues con críticas hacia el alcalde la que hoy es la cuarta ciudad del país y donde gobierna con mayoría absoluta. Carlos Prieto, delegado del Gobierno en Catalunya, lo ha criticado muy duramente, acusándolo de "dejación de funciones" a la hora de atender a los migrantes que han sido desalojados del antiguo instituto donde malvivían en unas pésimas condiciones. Prieto defiende que las competencias de cada administración "están claras" y que cada una ha hecho lo que le correspondía, excepto el consistorio. Además, el delegado del Gobierno también ha dicho que Albiol ha "renunciado" a ayudas para la primera acogida de los migrantes. Según el delegado, el desalojo respondía a una decisión judicial "que se tenía que cumplir", por lo tanto, no la pone en duda, y que desde el ejecutivo comprobaron si alguno de los afectados estaba en proceso de demanda de protección internacional.
Por su parte, el Govern de la Generalitat, a través de la consellera de Drets Socials, Mónica Martínez Bravo, ha pedido al alcalde que reabra el albergue municipal de Can Bofí Vell, que cerraron hace dos años, para hacer una primera acogida de urgencia de estas personas. En una reunión entre la consellera, el ayuntamiento, los servicios sociales y entidades, estas han manifestado su "disposición a hacerse cargo" del albergue para poder abrirlo y gestionarlo. Albiol, sin embargo, lo ha descartado rápidamente, asegurando que su propuesta es inviable porque el equipamiento presenta "graves deficiencias estructurales" y que no se puede garantizar "la seguridad del espacio ni de sus ocupantes". Tampoco se puede asegurar "la legalidad que debe cumplir un espacio de estas características", lamenta el alcalde, ante la propuesta de la consellera, que ha recordado Albiol que el juzgado ha responsabilizado al ayuntamiento a la hora de facilitar los recursos adecuados para estas personas
"No le corresponde a Barcelona"
Ante el desalojo, una de las posibilidades que hay sobre la mesa es que estas personas abandonen en los próximos días la ciudad para moverse por todo el país y encontrar otros lugares donde establecerse, con todos los ojos puestos en Barcelona, donde cada vez hay más personas que viven en la calle o en una situación de exclusión social. Ante este planteamiento, la comisionada de Acción Social del consistorio barcelonés, Sònia Fuertes, pronosticó que los desalojados "se moverán porque tienen el derecho de hacerlo". "Estamos observando la situación dinámica, pero entendemos que no le corresponde a Barcelona generar una respuesta hacia Badalona", ha apuntado preguntada por esta cuestión.