Las universidades públicas madrileñas luchan por sobrevivir. Lo que hace una década parecía una crisis coyuntural se ha convertido hoy en una enfermedad crónica que asfixia los campus públicos y pone en peligro la formación y la investigación en la capital del Estado español. La Universidad Complutense de Madrid (UCM), la más grande del estado con más de 60.000 estudiantes, ha tenido que pedir un crédito de 34,5 millones de euros a la misma Comunidad de Madrid para poder pagar las nóminas de diciembre y la paga extra de Navidad de sus 11.400 trabajadores. Sin este préstamo, la universidad se vería incapaz de abonar los sueldos.
El gobierno de Isabel Díaz Ayuso dará este dinero y lo presenta como una muestra de “compromiso” con las universidades. Pero dentro de los campus el relato es muy diferente, ya que consideran que no se trata de un rescate o préstamo generoso, sino de la culminación de años de infrafinanciación deliberada para ir hundiendo las universidades públicas madrileñas. Desde 2010, la UCM recibe menos dinero por transferencias corrientes —la partida que sirve para pagar salarios y mantener servicios básicos— que hace catorce años. Mientras la inflación ha subido un 44%, los fondos autonómicos destinados a la universidad pública solo han crecido un 5%. “La Comunidad de Madrid nos asfixia económicamente para tener la excusa e intervenirnos”, asegura el sector universitario.
Universidades hundidas
Además, las ayudas a la investigación se han evaporado, las becas de innovación docente no se han convocado y los profesores asociados acumulan meses de retraso en las contrataciones. Tal como asegura El País, facultades que antes organizaban prácticas en el Pirineo ahora envían a los estudiantes a la Casa de Campo en transporte público. Investigadores que se marcharon al extranjero con programas europeos esperan aún las ayudas prometidas. Mientras tanto, los decanatos funcionan con presupuestos recortados un 35% y muchos docentes destinan parte de su presupuesto personal a poder mantener los experimentos o las actividades básicas de clase. Durante años, las universidades han tenido que pagar parte de los sueldos de sus trabajadores con el dinero procedente de las matrículas, como si un ayuntamiento tuviera que pagar a la policía con las multas.
La situación, sin embargo, no es exclusiva de la Complutense. La Universidad Rey Juan Carlos también se ha visto arrastrada por el déficit y ha tenido que pedir auxilio al gobierno autonómico. Otros centros como la Autónoma, la Politécnica o la de Alcalá sobreviven a base de ajustes, congelaciones de contrataciones y proyectos de investigación parados.
La solución de Ayuso: financiación por objetivos con 10 millones a repartir entre seis universidades
Ayuso y su equipo insisten en que “están al lado de las universidades”, pero a la vez impulsan una nueva ley —la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia— que reforzará la dependencia económica de los campus respecto a la Comunidad y los someterá a una especie de “financiación por objetivos”, un sistema de competición por un fondo de solo 10 millones anuales que se repartirá entre seis universidades. Es decir, una especie de concurso por la supervivencia que convierte la financiación pública en un premio a la sumisión y no en un derecho estructural.
Las universidades madrileñas que un día fueron un referente de excelencia en el Estado español, hoy, muchas luchan por mantener abiertos laboratorios y conservar profesores que se marchan a otras comunidades o países con mejores condiciones. Según los analistas, si esta tendencia continúa, Madrid puede acabar con un sector universitario privado potente y subvencionado, y un sector público agotado, lo que seguramente quiere Isabel Díaz Ayuso.