A uno y siete años de cárcel por intentar captar a colaboradores empleando mezquitas. Estas son las penas a las que se enfrentan este lunes cinco personas acusadas de pertenecer a una estructura yihadista en la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
El grupo integrado por cuatro personas de nacionalidad marroquí y una mexicana intentaba captar adeptos entre los musulmanes residentes en las localidades madrileñas de Pinto y Ciempozuelos para cometer atentados terroristas.
El Ministerio Fiscal pide siete años de cárcel para Aziz Zaghanane y Hicham Jdey por delito de colaboración con organización terrorista, tres años para Annas Balla y Mouhssen Balla por autoadoctrinamiento, y un año y seis meses de cárcel por enaltecimiento para Ana Marilu Reyna.
Según su escrito de acusación, se trata de una estructura perfectamente jerarquizada que había asumido los idearios del Estado Islámico y que su fin era crear un grupo entre la comunidad musulmana para adoctrinarle en la causa salafista radical. En la cúspide de esta red se encuentra Zaghanane, quien llegó a lograr la condición de 'Sheik'.
Uso de las redes sociales
Aziz ejercía un "permanente control" sobre Hicham, con el que puso en marcha la labor de captación, creando para ello un whatsapp denominado 'Musulmanes de Pinto'. Hicham incluso llegó a tener en su poder las llaves de la mezquita, disponiendo del uso de las instalaciones para lograr la cohesión del grupo y poder realizar los entrenamientos físicos con el fin de prepararse para la acción terrorista.
Fue de esta forma como consiguieron embelesar a los también acusados Anas Balla y Moussen Balla, quienes comenzaron un proceso de adoctrinamiento pasivo principalmente a través de las redes sociales. En sus respectivos perfiles interactuaban con otros radicales en zona de conflictos y compartían abundante material violento.
Actuar en Madrid
El fiscal precisa en su escrito que Moussen llegó incluso a gestionar la adquisición de fondos de la mezquita de Ciempozuelos, de la que tiene la custodia, mientras que de la quinta y última acusada argumenta que desde el año 2010 "ha tenido como única preocupación encontrar un marido musulmán".
El fiscal acuerda para todos ellos, a excepción de Aziz Zaghanane, que una vez cumplidas las dos terceras partes de la pena, se les sustituya el resto por la expulsión del territorio español con prohibición de regresar a España.
