La policía de Andorra ha entregado este jueves a la policía española el youtuber Álvaro Martín, conocido con el nombre de Valyrio, que fue detenido el 27 de mayo pasado por su supuesta colaboración con el hacker José Luis Huertas, popularmente conocido como Alcasec; su colaborador Adrián Molina, y Francisco Martínez Vázquez, exnúmero dos de Jorge Fernández Díaz (PP) en el Ministerio del Interior, acusados de formar parte de una trama de ciberataques contra administraciones públicas y estratégicas. La magistrada de la Audiencia Nacional los envió los tres a la prisión, incluido el exsecretario de Estado de Seguridad, aunque lo dejó en libertad provisional una semana después al considerar que ya no había peligro de destrucción de pruebas. Además, a petición de la Fiscalía, solicitó la extradición de Martín.
La investigación se enmarca en la llamada operación Borraska y todos son investigados por los delitos de blanqueo, descubrimiento y revelación de secretos, entrada ilegal o intrusismo en sistema informático, apoderamiento de datos reservados y organización criminal. La defensa de Martínez aseguró que nada tiene que ver con esta trama y que conoce a Alcasec porque llevó su defensa cuando era menor.
La extradición de Martín, solicitada por la magistrada María Tardón, incluso se ha grabado en un vídeo por la policía andorrana. La operación Borraska se inició el año 2024, después de que se detectara una serie de ciberataques sistemáticos y sostenidos en el tiempo. La investigación policial sostiene que la red habría desarrollado una plataforma tecnológica integrada que permitía almacenar, indexar, comercializar datos, cruzar información y ofrecer servicios personalizados de consulta a terceros.
"Criptoactivos"
Se indica que la estructura criminal habría operado como "una auténtica red de inteligencia privada", con funciones claramente diferenciadas: administración tecnológica, desarrollo de herramientas de anonimato, gestión financiera a través de criptoactivos, asesoramiento jurídico, expansión internacional y comercialización. Se añade que uno de los miembros ejercía un papel clave en esta internacionalización, ampliando las operaciones a otros países mediante contactos profesionales consolidados. Así, se habría presentado como un entorno legítimo de asesoramiento tecnológico, blanqueando su operativa mediante estructuras societarias y servicios de consultoría que facilitaban su inserción en entornos económicos e institucionales.
Los investigadores aseguran que la operación permitió intervenir y recuperar la infraestructura tecnológica de la red, desmantelar los servidores principales y recuperar las bases de datos.
Se detalla que, a más de la colaboración de la Policía y la autoridad judicial andorrana con la Fiscalía y la Audiencia Nacional, se ha contado con la cooperación de Suiza, país que también ha sido afectado por esta red. La colaboración de todos los organismos implicados ha sido determinante para el seguimiento de los flujos económicos transnacionales y la actuación operativa que ha permitido el desmantelamiento, concluyen los investigadores.