La Conselleria de Salut ha sancionado a los hospitales Sant Joan de Déu, Sant Pau y Vall d'Hebron, así como al CAP Roger de Flor, por su actuación en el caso del bebé de un mes y medio que presuntamente sufrió graves maltratos físicos y sexuales por parte de sus padres. El departamento ha impuesto una multa de 6.000 euros a cada uno de los centros y ha abierto un expediente sancionador que actualmente se encuentra en fase de alegaciones, según ha avanzado El Periódico de fuentes consultadas, aunque al menos Vall d’Hebron y Sant Joan de Déu presentarán alegaciones a la decisión de la Conselleria de Salut. Una decisión que llega meses después de que se destapara uno de los casos de violencia infantil más graves conocidos en Catalunya en las últimas décadas. El bebé presentaba fracturas, hematomas y lesiones compatibles con maltratos reiterados, unas heridas que fueron detectadas definitivamente en el Hospital Vall d'Hebron el 16 de marzo. Los médicos de este hospital que lo atendieron aseguraron que nunca habían visto un bebé con daños tan graves como los que tenía el niño en el ano. El pasado abril ya trascendió que Salut sancionaría a los hospitales que no detectaron indicios de violencia en el bebé, pero entre estos no estarían el Hospital del Mar y Vall d'Hebron, que ha reaccionado con estupor a la decisión de Salut.
La multa ha generado malestar en Vall d'Hebron, especialmente porque el centro cuenta con el Equipo EMMA, la unidad de referencia en Catalunya en la atención a las violencias contra niños y adolescentes. Fuentes del hospital remarcan que fueron sus profesionales quienes detectaron la gravedad del caso y decidieron ingresar inmediatamente al menor. "Si no lo hubiéramos ingresado, este niño ahora estaría muerto", aseguran fuentes del centro a El Periódico.
Salud sostiene que la notificación debería haberse hecho desde el primer momento en que se detectaron indicios de un posible maltrato grave, tal como establece el protocolo. Se multa a Vall d'Hebron por no haber comunicado de manera inmediata el caso a la Direcció General de Prevenció i Protecció a la Infància i l'Adolescència (DGPPIA) para que retirara la custodia a los padres y, en lugar de eso, haber mantenido al bebé ingresado con sus progenitores en la misma habitación durante los dos primeros días. Según la versión del hospital, el mismo 16 de marzo se contactó con el servicio Infància Respon, dependiente de la DGPPIA. No obstante, la comunicación formal para retirar la custodia de los padres no se produjo hasta el 18 de marzo, cuando los resultados de las pruebas médicas permitieron confirmar el alcance de las lesiones. Ese mismo día también se avisó a los Mossos d'Esquadra y al juzgado. Fuentes de Vall d'Hebron remarcan que su equipo multidisciplinar "salvó la vida del menor" después de decidir su ingreso inmediato al observar la gravedad de las lesiones: hematomas faciales y genitales, fracturas en las costillas y en las extremidades inferiores, así como fisuras anales.
¿Qué dice el protocolo?
Los procedimientos de protección de la infancia obligan a los profesionales sanitarios a comunicar inmediatamente cualquier sospecha de maltrato intrafamiliar grave. La notificación debe hacerse tanto por vía telefónica como por escrito a organismos como la DGPPIA, los Mossos d'Esquadra, la Fiscalía de Menores o el juzgado de guardia. El objetivo es garantizar una intervención rápida para proteger al menor ante cualquier riesgo inminente. La cuestión que ahora se debate es si, en un caso especialmente complejo y con un niño en estado crítico, los profesionales actuaron de acuerdo con las prioridades asistenciales o si deberían haber activado simultáneamente todos los mecanismos de protección.
Un recorrido médico que duró dos semanas
La investigación ha reconstruido el paso del bebé por varios centros sanitarios durante los primeros días de marzo. El menor nació el 3 de febrero en Vall d'Hebron después de un proceso de fecundación in vitro. El primer contacto con el sistema sanitario se produjo el 1 de marzo en el Hospital del Mar por un cuadro de tos y vómitos. Días después, el 7 de marzo, los padres lo llevaron a Sant Joan de Déu. El niño presentaba irritabilidad, una fisura anal y hematomas en la cara y en la zona genital. Las explicaciones de los padres fueron aceptadas por los profesionales. El 10 de marzo fue visitado en el CAP Roger de Flor y posteriormente derivado al Hospital Sant Pau ante la posibilidad de un problema de coagulación sanguínea. Las analíticas resultaron normales y el menor volvió a casa. Finalmente, el 16 de marzo los padres volvieron a Sant Pau. Aquel día se detectó una fractura de fémur y otras lesiones que hicieron saltar las alarmas. El niño fue trasladado inmediatamente a Vall d'Hebron, donde los especialistas descubrieron fracturas antiguas en las costillas, lesiones en las piernas, hematomas en la cara y en los genitales y fisuras anales.
Un caso que ha abierto interrogantes
La Conselleria de Salut defiende que los profesionales no actuaron con la diligencia requerida, pero todavía no ha detallado qué medidas impulsará para reforzar la formación de los sanitarios en la detección precoz de la violencia infantil. Las multas son, por ahora, la única respuesta de la Conselleria de Salut en el que se considera el caso de violencia infantil más grave de las últimas dos décadas en Catalunya. El departamento sostiene que los profesionales implicados no actuaron a tiempo, pero todavía no ha detallado cómo piensa reforzar la formación de los sanitarios para mejorar la detección precoz de los maltratos. El caso también ha puesto sobre la mesa una cuestión especialmente sensible: hasta qué punto la condición profesional de la madre, enfermera de Vall d'Hebron, influyó en la valoración inicial de los síntomas. La misma conselleria admitió meses atrás que podría haber existido una cierta "discriminación positiva" hacia los progenitores, hecho que ha alimentado el debate sobre los posibles sesgos en la detección de los maltratos.
Mientras tanto, la causa judicial continúa abierta. El padre del menor continúa en prisión preventiva, mientras que la madre quedó en libertad el pasado 7 de mayo. Desde el 16 de abril, el bebé vive con una familia de acogida y su evolución es favorable. La causa judicial ha afrontado una semana determinante para aclarar qué pasó con el bebé, con varios testimonios clave citados en el juzgado. Este miércoles declararon tres vecinas de la familia, dos compañeras de trabajo de la madre y una trabajadora social. Al día siguiente lo hicieron tres facultativos y una enfermera que intervinieron en la atención del menor, y este viernes será el turno de los progenitores de los padres del bebé, es decir, los abuelos. Estas declaraciones deberían contribuir a reconstruir los hechos y determinar las responsabilidades en uno de los casos de presunta violencia infantil más graves investigados en Catalunya en los últimos años.