La Conselleria de Salud sancionará a varios centros sanitarios por no haber detectado indicios de violencia en el bebé presuntamente maltratado por sus padres, que se encuentran en prisión preventiva comunicada, pero sin fianza por delitos de maltrato habitual, lesiones muy graves y agresión sexual. Según informa El Periódico, se da por hecho que se multará al Hospital de Sant Pau y se estudia si también se actuará contra Sant Joan de Déu y el CAP Roger de Flor, mientras que el Hospital del Mar quedaría fuera de las sanciones, según el departamento de Salud. El caso pone de manifiesto errores en la detección del maltrato durante un recorrido asistencial de dos semanas en que los padres llevaron al bebé a tres hospitales y un CAP sin que se activara el protocolo. Aunque el menor ya presentaba hematomas y lesiones, los profesionales aceptaron las explicaciones de la madre, que es enfermera de la Vall d’Hebron, lo que generó un exceso de confianza y dificultó la sospecha clínica. Salud aún no ha decidido la cuantía económica de las sanciones, pero en todo caso, las multas se impondrán a los centros, no a los profesionales.
El caso evidencia una cadena de errores en la detección del maltrato. El bebé fue atendido en tres hospitales y un CAP entre el 1 y el 16 de marzo, sin repetir centro, lo que dificultó la trazabilidad del caso a pesar de que todas las visitas quedaban registradas en la historia clínica. Tampoco se acudió a la Vall d’Hebron, hospital de referencia de la madre, que allí trabajaba como enfermera de traumatología. Según Salut, este hecho, junto con otros “elementos distractores” —como la llegada del bebé en pleno cambio de turno en Sant Pau o las explicaciones de la madre—, contribuyó a retrasar la detección. Durante este período, el menor ya presentaba síntomas como hematomas en zonas sensibles, taquicardia y fracturas que pasaron desapercibidas. Los profesionales dieron por buena la versión de la madre, que atribuía los hematomas a la retirada de una sonda urinaria. Su perfil sanitario y un discurso considerado “coherente” generaron confianza y evitaron que se cuestionaran lo suficiente los indicios. Incluso, en una de las visitas, fue la propia madre quien dirigió la exploración hecha por una residente.
La directora general de Ordenación y Regulación Sanitaria de la Consejería de Salud, Clara Pareja, explica al rotativo todo lo que falló en este caso que ha conmocionado la opinión pública. El pequeño, que solo tenía poco más de un mes de vida —nació el 3 de febrero—, ha recibido maltratos que le provocaron fracturas, desgarro anal y otras lesiones graves detectadas después de pasar por varios centros sanitarios como el CAP de Roger de Flor, el hospital del Mar, Sant Joan de Déu y Sant Pau. “El sistema ha fallado en diferentes aspectos. De entrada, hubo una discriminación positiva porque la madre era sanitaria”, admite Pareja a El Periódico. En este sentido, Salut considera que los profesionales pecaron de exceso de confianza y no activaron el protocolo de violencia infantil, a pesar de que cualquier hematoma en un bebé —especialmente en zonas como genitales, orejas o nalgas— debería hacer saltar la alerta. “La clínica es la clínica y la clínica manda. Pero hubo prejuicios, una discriminación positiva porque la madre era sanitaria y aparentemente parecían una familia estructurada”, añade. Según Salut, varios factores dificultaron la detección: la falta de sospecha, la confianza en el relato de los padres, los “elementos distractores” y el hecho de que los profesionales no quisieran creer que pudiera haber agresiones en un bebé. “No era un caso fácil… Faltó esa mirada de desconfianza”, señala Pareja.
El 1 de marzo, los progenitores llevaron al bebé al Hospital del Mar por un episodio de tos, reflujo y vómitos. Los médicos comprobaron que no tenía ninguna obstrucción intestinal y le colocaron una sonda urinaria para recoger una muestra y hacer un estudio bacteriológico. El 7 de marzo, fueron a Sant Joan de Déu, donde el menor ya presentaba febrícula, hematomas en los genitales, costillas rotas que pasaron desapercibidas y taquicardia. No se le hizo ninguna radiografía: los médicos le dieron un biberón, lo tranquilizaron y lo enviaron a casa, en lo que se atribuye a una “falta de desconfianza” hacia la madre, por el hecho de que fuera enfermera. Según la investigación, “el protocolo de violencia infantil se debería haber activado en Sant Joan de Déu”, pero no se hizo. Las alarmas no se activaron hasta el 16 de marzo, en la segunda visita a Sant Pau, cuando el bebé ya presentaba lesiones muy graves compatibles con violencia física y sexual, incluyendo fracturas, hematomas y fisuras anales. Fue entonces cuando se derivó a la Vall d’Hebron, donde el día 18 se activó el protocolo después de hacer pruebas diagnósticas. “Que tenía costillas rotas se evidenció el 16 de marzo en la Vall d’Hebron”, explica Pareja. El día 18, una vez activado el protocolo de violencia infantil, los Mossos detuvieron a los padres, y dos días después el juez ordenó su ingreso en prisión preventiva. El bebé permaneció ingresado durante un mes, y el pasado 16 de abril recibió el alta hospitalaria y una familia de acogida de urgencia se hizo cargo de él. El bebé se encuentra bien, pero la consellera Olga Pané ya vaticinó que el pequeño arrastrará secuelas toda la vida. Salud abrió una investigación interna interrogando a todos los profesionales implicados y, además de revisar los protocolos, reforzará la formación en violencia infantil para evitar casos similares. Pareja también destaca el impacto emocional del caso y asegura que los profesionales implicados “están destrozados”.