El Gobierno y los geriátricos, tanto públicos como privados, están bajo el punto de mira. El juez de Barcelona Joaquin Aguirre y la Guardia Civil investigan si se produjeron irregularidades en la gestión de la crisis del coronavirus en las residencias de abuelos durante el confinamiento. En concreto, la investigación la lleva a cabo el juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, que parte a raíz de un atestado de la Guardia Civil y no de ninguna querella de la fiscalía, que también tiene abiertas otras diligencias. En este caso, pero se centran en residencias concretas.
Por este motivo, agentes del instituto armado ayer fueron, por orden judicial, a las conselleries de Salud y de Asuntos Sociales para requerir información sobre los geriátricos, así como varios expedientes relacionados con la compra de material sanitario, las personas que fueron trasladadas de un centro en otro, las medidas de aislamiento, el número de enfermos y muertes por la Covid-19 en las residencias o el número de PCR que se realizaron, ha adelantado hoy El Periódico.
Investigación del material sanitario
En el marco de la investigación, la Guardia Civil ha interrogado a la presidenta de la Asociación Catalana de Recursos Asistenciales (ACRA), Cinta Pascual, ya que el objetivo de la indagación es averiguar si existió una descoordinación en el seno de la administración. Eso habría provocado que los recursos personales y el material sanitario requeridos no llegaran a las residencias en el momento preciso de la pandemia. En este contexto, los investigadores sospechan que fallaron los protocolos y, por ejemplo, no se aprovisionó a los geriátricos con bolsas para cadáveres.
Equipación como mascarillas o batas que llegan a una residencia / ACN
Por eso, se quiere averiguar si l'ACRA y el Círculo Empresarial de Atención a Personas Dependientes adquirieron material sanitario, saber quiénes fueron sus interlocutores a la Generalitat, así como las propuestas que le fueron admitidas o no por la administración catalana.
Falta de trabajadores
Otro de los puntos que están sobre la mesa de la investigación se averiguar si se movilizaron los trabajadores disponibles en las residencias.
También se quiere averiguar si se cometieron "graves errores" en el traslado de personas de un centro geriátrico en otro o en los hospitales, que en algunas ocasiones fueron tardías.
Gestión del Gobierno
Las investigaciones no sólo afectan a la conselleria de Asuntos Sociales, que tenía la gestión de los geriátricos, sino también a la conselleria de Salud, que asumió su gestión el mes de abril. Este cambio fue acompañado de la petición que los geriátricos tenían que actualizar los datos y comunicar de las incidencias existentes cada 24 horas. Ahora bien, a pesar de las nuevas medidas, según los investigadores, habría indicios que la gestión siguió siendo deficiente.
En esta línea, a través de la Guardia Civil, el juez ha solicitado a la conselleria de Salud que precise el momento en el cual se activó la emergencia sanitaria, así como las personas que participaron en el protocolo de protección Civil. Además, entre otras informaciones, también ha requerido que se les detalle el número de personas que se trasladaron de las residencias a los hospitales, las medidas de ubicación y aislamiento que se tomaron por los pacientes en los geriátricos.
En el caso de la conselleria de Asuntos Sociales le requiere que informe sobre las resoluciones, disposiciones e instrucciones, así como las medidas de aislamiento que se adoptaron para hacer frente a la pandemia en los geriátricos.
Tanto Saludo, Asuntos Sociales y l'ACRA se muestran tranquilos por este requerimiento de información a la vez que han indicado que no tienen ningún problema de entregar la información que sea necesaria.