No pagar alquiler mientras tengan que cerrar por fuerza mayor. Es la demanda colectiva del sector del hostelería, que vehicula el Gremio de Restauración de Barcelona. Durante las próximas horas, los restauradores de bares y restaurantes de la ciudad enviarán a los propietarios de sus respectivos locales un escrito solicitando la suspensión del pago hasta que puedan volver a abrir.

Desde el gremio han facilitado ya a sus asociados un modelo de carta que alega la cláusula rebus sic stantibus. Se trata de un punto que ya se argumentó durante la crisis económica de 2008 y que permite interrumpir temporalmente las obligaciones entre el arrendador y el arrendatario en caso de que haya una situación sobrevenida radicalmente imprevisible que impide de manera significativa cumplir con aquello que se había acordado. Como que desde el pasado 14 de marzo, cuando Pedro Sánchez decretó el estado de alarma, bares y restaurantes tienen prohibido levantar la persiana, el gremio entiende que se cumplen los requisitos para aplicar dicha cláusula. Es por ello que invitan el sector inmobiliario a facilitar un acuerdo con los arrendatarios.

Con todo, ya avisan de que si los propietarios de los locales no aceptan, se plantean recurrir a la justicia para pedir que se declare que la pandemia por coronavirus es una causa de fuerza mayor.

En paralelo, los restauradores también presionan al Gobierno, al que reclaman que estudie la posibilidad de obligar a los arrendadores a aceptar una carencia forzosa del pago del alquiler, tal como han hecho con la vivienda.

El director del Gremio de Restauración, Roger Pallarols lamenta que desde el ejecutivo de Pedro Sánchez se esté aparcando el combate contra la crisis económica derivada de la sanitaria. "La única respuesta que se está dando pasa por que las empresas se endeuden y sigan pagando. Es un error: lo que las empresas no pueden pagar hoy tampoco podrán pagar mañana, teniendo en cuenta que han dejado de facturar". Critica que en vez de cancelar el pago de tributos, simplemente se aplace. En este sentido advierte que "si las administraciones no garantizan la viabilidad de las empresas, los ERTO se convertirán en ERE". Es decir, que dejarán de ser temporales para pasar a ser definitivos. Pallarols advierte, por lo tanto, que si las empresas van a la quiebra, la tasa de paro se disparará.