La aprobación de la ley de amnistía por el Tribunal Constitucional es, sobre todo, un gran éxito político del independentismo, que llevó en primer lugar a uno de los poderes del Estado, el legislativo, las Cortes Generales, a aprobarla y ahora al TC a respaldar su constitucionalidad. Se podrá ver, desde muchos ángulos posibles, la importancia de la decisión del Constitucional e incluso confrontarla con la decisión práctica de los casos pendientes en el Tribunal Supremo, que ya ha advertido que nada va a cambiar con el exilio del president Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig, igual que con las inhabilitaciones que pesan sobre Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa. No se trata solo de poner en valor lo que se ha conseguido, o más bien lo que se ha arrancado al Estado, como es una ley de amnistía. Es el propio Tribunal Constitucional el que, en una de las reflexiones realizadas en diferentes momentos de su sentencia, señala que la ley responde a la concurrencia de circunstancias excepcionales que el ordenamiento jurídico no puede resolver con los instrumentos ordinarios y deja constancia que son los hechos que desencadenaron el proceso independentista los que están, obviamente, en el origen de la ley.

Son importantes estas dos reflexiones porque el Constitucional es plenamente consciente de que lo que se está juzgando es el referéndum y la declaración de independencia, la apertura de procesos penales y sancionadores por parte de diferentes tribunales a las autoridades competentes, la crisis constitucional que se derivó de ello y la fractura que produjo dando lugar a antagonismos extremos. Sumando aquí, claramente, el relato socialista cuando habla de la fractura social en Catalunya, afectando gravemente a la convivencia ciudadana, dividiendo a la sociedad y erosionando, en suma, el tejido social y la estabilidad política en Catalunya y en el resto de España. Para puntualizar, a raíz de todo ello, lo siguiente: "Lo hasta aquí descrito ha de ser, inevitablemente, una de las claves de nuestro enjuiciamiento. El contexto y la evolución a través del tiempo son cruciales para una comprensión completa y profunda de todo acto, en aras de no interpretar algo de forma incompleta, superficial e incluso errónea".

Todos los fallos interpretativos de la Constitución son políticos y acaban respondiendo a unos equilibrios de mayorías y minorías

El fallo del Tribunal Constitucional tiene mucho de político, pero no por eso hay que rasgarse las vestiduras. Todos los fallos interpretativos de la Constitución son políticos y acaban respondiendo a unos equilibrios de mayorías y minorías. Y eso no sucede solo en España, sino en cualquier país del mundo. Rasgarse las vestiduras en público como están haciendo el Partido Popular o el expresidente Felipe González son actos de un enorme cinismo. Los populares acabarán llegando al gobierno, pero, a este paso, solo encontrarán a Vox como aliados y parecen no haber aprendido de sus experiencias en gobiernos autonómicos. Tengo un especial interés en conocer cómo acaba la enmienda que el líder del PP catalán, Alejandro Fernández, trata de llevar al congreso del partido de la primera semana de julio, en Madrid, en la que plantea vetar acuerdos de gobierno con Junts y quiere que sea recogido en la ponencia del cónclave de los populares. También produce una cierta vergüenza hacia su propia biografía escuchar cómo González habla de la ley como autoamnistía de la vergüenza y acto de corrupción política. Cuanta razón tenía cuando hablaba de los expresidentes como jarrones chinos, que son valiosos, pero uno no sabe donde colocarlos.

Con la sentencia del Constitucional en la mano, ahora solo queda exigir al Supremo que la cumpla y confiar en que si desacata lo que allí se dice tendrá el correctivo jurídico que le corresponde. No debería ser normal el regularizar como algo habitual que hay unos cuantos, en este caso magistrados del Supremo, que pueden hacer lo que quieren porque con ellos lo dictaminado por el Constitucional no va. El fallo del Constitucional, aunque aprobado por seis a cuatro, es lo suficientemente claro sobre la constitucionalidad de la ley, excepto en un par de cuestiones muy menores en que advierte de su interpretación. La batalla política va a seguir y ya lo han adelantado una facción de los socialistas que más bien parecen agentes dobles de los populares. El resto del PSOE ya aceptó pasar este mal trago con la investidura de Sánchez y ahora lo que va a hacer es sacar pecho y ponerse al frente. Está bien, pero no olvidemos que eran contrarios y que solo las mayorías parlamentarias modificaron su posición. Y no es un reproche, pero la memoria aún sirve para alguna cosa.