"Nos hemos instruido y compartido conocimientos para tener un movimiento nacional mayor, con herramientas útiles y potentes para una nueva legalidad. No queremos reformar el Estado español, sino marcharnos", ha afirmado el presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, en la clausura del 2.º Congreso catalán en defensa del estado de derecho, este viernes por la tarde en el aula magna de la Universidad de Barcelona. Antich ha admitido que ha sido una "jornada maratoniana", en qué juristas catalanes, del País Valencià, y de países como Argentina e Italia han compartido sus conocimientos para constatar que el Estado español y la judicatura "retuercen la ley" para reprimir el movimiento independentista catalán, y que hay herramientas, especialmente recogidas en tratados de derechos humanos que hay que recoger y exprimir en procesos judiciales. "El Estado no nos persigue por lo que hemos hecho, sino por lo que tenemos capacidad de hacer, y volveremos a hacer”, ha asegurado a Antich.
El Congreso catalán en defensa del estado de derecho ha reunido a un centenar de personas y ha sido organizado por Òmnium, el Colectivo Praga, la asociación de juristas Ágora Judicial, y la Fundación Catalunya Fondo. Antich ha recordado que también hay 14 entidades colaboradoras, como Irídia y Alerta Solidaria. "No tardaremos cinco años más a volver a reunirnos. Somos un foro de activistas y avanzamos hacia la autodeterminación", ha declarado.
En las diferentes ponencias, se ha hablado del concepto Grupo Objetivamente Identificable (GOI), que ha fijado el TJUE con la resolución de Lluís Puig y las euroórdenes. El abogado Benet Salellas y el magistrado Guillem Soler han adelantado que es importante desarrollar esta diferencia, que encaja en la causa catalana, en los procedimientos judiciales. Sallellas ha expuesto también el término desconocedor de "desviación de poder" y Soler "la falta de imparcialidad" de los jueces en el relacionado con el procés de independencia de Catalunya.
Una lucha colectiva
En la clausura, el presidente de Òmnium ha declarado que "hay que seguir denunciando la excepcionalidad democrática y la vulneración sistemática de derechos fundamentales, así como la represión policial y judicial contra la ciudadanía". Ha destacado la riqueza y el valor jurídico que se han realizado en todas las ponencias y ha insistido en que "es una lucha colectiva".
En las ponencias de la tarde, han intervenido Olivier Peter, reconocido abogado penalista internacional, i Santiago Bereciartua, abogado y profesor de la Cátedra de Criminología en la Universidad Nacional de Rosario (Argentina), que han comparecido en la mesa sobre herramientas contra la impunidad. Y en la última mesa han hablado de Derecho a la autodeterminación, represión y marco internacional Rosella Selmini, profesora de criminología en la Universidad de Bolonia, que ha asegurado que "el caso catalán evidencia la crisis democrática que hay en Europa, donde -ha añadido- se criminaliza el disidente, acción que se normaliza y tolera". Además, han intervenido Neus Torbisco Casals, doctora en derecho e investigadora en el Graduate Institute of International and Development Studies, y Jan Fermon, abogado especializado en derecho penal internacional y secretario general de la Asociación Internacional de Abogados Demócratas.
Las causas archivadas
En su intervención, Antich ha denunciado que el Estado español "compara independentismo con terrorismo", con relación a las herramientas que utiliza para controlarlo e infiltrarse en movimientos sociales y juveniles. Ha insistido, en que el Gobierno usa "las cloacas del Estado, como el franquismo", y ha detallado que de los más de 4.200 represaliados se han abierto 1.400 causas, de las cuales medio millar ya se han archivado. Es decir, para provocar el miedo y la desmovilización social; es decir, el llamodo chilling effect. El presidente de Òmnium tampoco ha dejado de exigir que la Jefatura de la Policía de Via Laietana se reconvierta en un centro de memoria de la represión franquista, como reclaman ya 187 organizaciones internacionales.