Este miércoles, el Estado español se enfrentaba al Examen Periódico Universal de la ONU en el que se analiza el estado de los derechos humanos en los estados que integran esta organización. Así, los representantes españoles han leído su informe con una falta total de autocrítica y han escuchado las recomendaciones del resto de países, que han puesto el foco en la situación que sufren los menores no acompañados una vez entran dentro de las fronteras españolas y también todo lo que tiene que ver con la violencia de género y sus víctimas. Òmnium Cultural y otras entidades independentistas como la ANC, han ido enviando durante los últimos meses informes en los Estados que hoy pasaban revista en España (explicándoles desde las vulneraciones de los derechos lingüísticos hasta el espionaje que han sufrido los líderes políticos catalanes o la no aplicación de la ley de amnistía) y Xavier Antich, presidente de la organización, se ha desplazado hasta Ginebra para seguir el examen.

Una vez finalizada la sesión, Antich ha celebrado que diferentes de los países han hecho referencia a algunos de los puntos que recogía Òmnium en sus informes: "Para nosotros era muy importante denunciar las carencias democráticas del Estado, con un gobierno que promueve las infiltraciones policiales y el espionaje y que tiene una cúpula judicial que está saboteando la ley de amnistía, atacando la soberanía del parlamento, y también ataca el modelo de escuela catalana y los derechos lingüísticos". En este sentido, ha remarcado que algunos de los estados han denunciado estas "vulneraciones". Con todo, Antich también ha asegurado que a Òmnium (entidad que ha ido denunciando el espionaje político desde abril del 2022 cuando se confirmó que el uso de Pegasus contra el independentismo provenía de dentro del Estado", le ha "impactado la falta de sensibilidad por un tema que afecta a los derechos fundamentales".

Las demandas de Òmnium y el resto de entidades

A mediados de febrero, Òmnium y la ACN, junto con una veintena de entidades más, denunciaron ante la ONU toda una serie de vulneraciones en los ámbitos de derechos civiles, políticos, culturales y socioeconómicos. Las entidades en cuestión propusieron a los estados que recomendaran en España que garantizara la aplicación de la ley de amnistía, ahora bloqueada por la justicia. Con respecto al CatalanGate, las entidades reclamaban "poner fin inmediatamente a las prácticas de espionaje ilegal" y también "llevar a cabo una investigación inmediata, independiente, exhaustiva y eficaz", del caso. Respecto del problema de la vivienda, uno de los elementos que han ido poniendo sobre la mesa los países durante la sesión de este miércoles, desde Catalunya pedían "desarrollar un marco normativo para proteger el derecho a la vivienda" y poner en marcha una estrategia de emancipación juvenil. Con el uso del catalán bajo mínimos, planteaban recomendar proteger el modelo de inmersión lingüística en catalán a las escuelas para garantizar la continuidad y la efectividad como herramienta de inclusión social.