Nueva ofensiva de VOX contra los dirigentes soberanistas. El partido ha interpuesto esta mañana una querella criminal delante de la sala de lo penal del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) contra el presidente del Parlament, Roger Torrent, y tres miembros más de la Mesa de la Cámara catalana —Josep Costa, Eusebi Campdepadrós y Alba Vergés— y piden su detención inmediata.

Lo hacen porque consideran que han cometido delitos de prevaricación y desobediencia al admitir la tramitación por el pleno de la modificación de la ley de la Presidencia para poder llevar a cabo la investidura a distancia, que fue aprobada el 4 de mayo.

Ayer, el presidente de VOX, Santiago Abascal, ya advirtió a Torrent que "tienes motivos para estar preocupado".

Además, hoy, en declaraciones a los periodistas, Abascal también ha insistido en su idea de que "han colocado en España en una situación muy complicada" y ha lamentado que "están dispuestos a ir a por todas" y, después de que el propio Torrent les quisiera dejar claro que "hoy es aún más fuerte nuestro compromiso con el libre debate parlamentario, la dignidad de la Cámara y la libertad de expresión", Abascal ha vuelto a la carga y le ha tachado de "pre-va-ri-ca-dor".

Y no solo eso. En la querella, también piden su detención inmediata y que se prohíba la celebración de cualquier acto, pleno, sesión o reunión que someta a votación o, en su caso, aprobación y ejecución de la referida ley de Modificación de la ley 13/2018 de la Presidència aprobada por el Parlamento a raíz de la propuesta de JxCat.

VOX justifica la querella porque, según su opinión, "incurre" en estos delitos porque, aseguran, aunque el Tribunal Constitucional advirtió a la Mesa, ellos "desobedecieron lo ordenado admitiendo a trámite la modificación ilegal".

Aparte de todo eso, avisan que el Consejo de Garantías Estatutarias y los letrados del Parlament habían realizado un informe desfavorable a la investidura telemática del president Carles Puigdemont bajo el argumento que la proposición de ley no cumple los requisitos para poder ser tramitada y aprobada por el procedimiento de lectura única, así como que esta vía no se puede utilizar a la hora de modificar aspectos sustanciales de las leyes de desarrollo básico del Estatuto.

Aunque lo que establezca el Consejo de Garantías no es vinculante, según VOX, eso "hace todavía más grave la actitud prevaricadora y desobediente de los querellados en un absoluto desprecio a la Constitución, al Estatuto de Catalunya y al reglamento del Parlament".

La Sala Civil y Penal del TSJC ya ha recibido la denuncia, que ha sido registrada esta mañana. Ahora, la querella se envía a la Fiscalía para que así se pronuncie sobre su admisión.