Vox fue un actor en el juicio del procés en el Tribunal Supremo, en tanto que acusación particular. Aquí acabó su tarea. No obstante, y sin que el alto tribunal le haya pedido ningún informe, el partido de extrema derecha ha registrado un escrito de alegaciones para expresar su "rotunda oposición" a los indultos a los presos políticos. La ley establece que los que tienen que emitir un informe y enviarlo al Supremo son la Fiscalía, la Abogacía del Estado e Instituciones Penitenciarias, pero no las otras acusaciones que han participado de la causa.

En el escrito que ha presentado ante el Tribunal Supremo, la abogada Marta Castro, que dirige el equipo jurídico de los ultras, denuncia que con los indultos se enviaría a la sociedad un mensaje, el de "la más absoluta impunidad de los delitos cometidos contra la orden constitucional". El escrito asegura que no se cumplen las condiciones "para conceder la impunidad" y alerta a los magistrados que tienen que emitir un dictamen: "No se tiene que consentir que el gobierno, por intereses partidistas, electoralistas o ideológicos, pretenda utilizar este medio para blanquear una actuación delictiva que de ninguna forma puede ser interpretada como un posicionamiento político".

La formación de Santiago Abascal asegura que los presos "no trataron de impedir las consecuencias lesivas de sus acciones", y defiende que no hay una "desproporcionalidad de la pena". De hecho, afirman todo lo contrario: el sistema aplicado "resulta más favorable a los penados atendiendo la concurrencia medial de delitos". Y no sólo no se han arrepentido, sino que "siempre que han tenido ocasión han manifestado su voluntad de repetir los actos si tuvieran ocasión".

Conceder los indultos por motivos políticos o de "convivencia política", concluyen los ultras en sus alegaciones, incurriría en "arbitrariedad y abuso de poder".

En estos momentos, el trámite de los indultos se encuentra desde hace semanas en el Tribunal Supremo. La sala segunda tiene que emitir un informe favorable o desfavorable antes de llegar a la mesa del Consejo de Ministros. Este informe no es vinculante pero sí preceptivo. La Fiscalía ya ha comunicado su oposición a la concesión de los indultos y la Abogacía del Estado todavía se tiene que pronunciar.

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