El excomisario de la policía española José Manuel Villarejo urdió una segunda Operación Catalunya con la finalidad de parar el referéndum de octubre de 2017 y atacar frontalmente al independentismo democrático catalán, y para llevarlo a cabo contaba con la colaboración de María Dolores de Cospedal, peso pesado del Partido Popular y del Gobierno encabezado por Mariano Rajoy.

Según avanza La Vanguardia a partir de distintos audios, Villarejo ideó la maniobra de Estado contra el independentismo a través del marido de Cospedal, Ignacio López del Hierro, a quien habría ofrecido los datos de miles de cuentas de catalanes en Andorra a principios de 2017. “Esto es muy importante, Ignacio, porque es acabar con los independentistas de una puta vez por todas”, le habría dicho Villarejo a López del Hierro, para añadir, “coméntale a María Dolores”. Se trataría de los datos de unas 12.000 cuentas de las que serían titulares unos 4.000 empresarios catalanes. A cambio, Villarejo buscaba garantías para que algunos de sus otros clientes dejaran de tener problemas con la justicia española.

Según el medio citado, Villarejo habría contado todos los detalles del operativo al comisario de la policía española José Luis Olivera y ello quedaría demostrado gracias a los audios de una comida donde se desgranaban los detalles de la maniobra. En concreto, Villarejo aseguró que tenía “información muy importante de lo que es la creación política catalana y toda la pasta que ha movido Catalunya aparte de los Pujol. Eso le va a ir de puta madre al Gobierno de ahora para cuando empiecen los mamoneos de presiones. Tenemos la posibilidad de acceso documental, gente que va a declarar, muchísima información de toda la pasta que se ha movido, que va a afectar a cosas de los Pujol y tema CiU. Y eso al Gobierno español le puede interesar”.

Otra pieza clave, el fiscal Moix

Además, el plan contaba con otra pieza clave, el nombramiento de Manuel Moix como fiscal jefe de Anticorrupción, para que fuera el que gestionase la investigación de las cuentas andorranas y, en paralelo, frenara judicialmente las investigaciones que Villarejo quería parar para proteger a otros clientes.

Con esta jugada, Villarejo se mostraba confiado en poder llevar a cabo un cometido patriótico en su lucha visceral contra el independentismo, a todas luces compartida por un gobierno español que no dudaba en recurrir a turbios personajes que poblaban una opaca cúpula policial española, pero a la vez, sacar provecho propio al conseguir beneficios para otros personajes con deudas con la justicia española.

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