El Gobierno evita reconocer si la conferencia de presidentes autonómicos que se celebrará el día 17 de enero en el Senado tendrá debilitado su espíritu de acuerdo entre Estado y autonomías, debido a la ausencia del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y la del lehendakari vasco, Íñigo Urkullu. Al contrario, la estrategia de Moncloa es alabar a los presentes y culpar a los ausentes de desentenderse de los problemas de los ciudadanos, como consecuencia de la magnitud de los temas que allí se debatirán, entre ellos, el nuevo modelo de financiación.
"Se tratarán temas enormemente importantes para la ciudadanía, como la protección civil, el pacto social-económico por la educación, la dependencia... y todos ellos han sido pactados y no impuestos por el Estado. Alguien pudiera pensar que no asistir es no interesarse por los problemas de la gente" ha dicho el portavoz del gobierno central, Íñigo Méndez de Vigo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Este supone el último llamamiento al gobierno vasco y catalán, tras las ausencias de sus consejeros de presidencia en los dos encuentros previos, la última este miércoles. Ahora bien, como explicaba este diario, es posible que la reunión de presidentes acabe convirtiéndose en una mesa de negociación para pactos entre PP y PSOE.
La cuestión es que los días pasan y las posiciones entre Madrid y Barcelona no encuentran la solución al final del túnel. El presidente Mariano Rajoy ha accedido a encontrarse con Puigdemont, pero la bilateralidad en las relaciones está descartada hace meses. Tampoco convencen las visitas de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría para "seducir" a los catalanes mediante el estudio de los 45 de los 46 puntos de la Generalitat, por los cuales pidió apoyo al resto de ministros. Fuentes del gobierno catalán indican que el Estado todavía no habría asumido que la "ruptura" del pacto constitucional fue suya, cuando el Estatuto fue tumbado en el 2010.
En esa tesitura, la posibilidad de que el gobierno central tome el control de los Mossos d'Esquadra ante la convocatoria eventual del referéndum, queda como mar de fondo desde que el Tribunal Constitucional avaló el pasado mes de noviembre que el Estado lo podía hacer, en virtud de la Ley de Seguridad Nacional. Esta prevé que a través de un decreto, las policías autonómicas se pongan al servicio del ejecutivo español. Preguntado por El Nacional si esta prerrogativa sería utilizada, De Vigo ha respondido de que "no se metían en futuribles, pero el referéndum no tiene cabida" en España.
Trillo, "por petición propia"
En el corto plazo, Moncloa asume otros conflictos. La renuncia del embajador en Londres, Federico Trillo, este jueves, ha levantado los recelos sobre si el gesto tenía que ver con el accidente trágico del Yak-42. De Vigo ha insistido por activa y por pasiva en que "voluntariamente" y a "petición propia" el embajador ha dejado su puesto de trabajo. Al respecto, el ministro portavoz ha recordado que había una serie de diplomáticos que tenían que ser relevados con anterioridad, pero no fue posible por el interinato del ejecutivo. "No nos parecía bien", ha expuesto el portavoz.
Sin embargo, la forma como se gestó la renuncia de Trillo podría tener una clara vinculación con el hecho. Le quedaban un par de semanas para ser relevado y volver al Consejo de Estado, de dónde es funcionario público por oposición. "No nos metemos, eso entra dentro de la independencia y autonomía de cada uno", ha indicado De Vigo. La cuestión es que la posición ministra de Defensa, Dolores de Cospedal, cambió de opinión desde que hablara con las víctimas este lunes, e hiciese suyo el informe del Consejo de Estado, donde se responsabiliza a Defensa de mala gestión. Así, las presiones internas podrían haber sido presentes, ya que en un primero momento Moncloa se cerró a tomar medidas. Pero según el portavoz, habría hablado con el ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, y más tarde lo habría dirigido al gobierno sin presunta mediación de Rajoy.
Sobre quien será el próximo diplomático en Londres todavía no hay nada en claro. El Consejo de Ministros ha admitido la renuncia este viernes y todavía está abierto el plácet a estos efectos.
La oposición, al TC
En el marco del "diálogo", el legislativo también será enviado al TC por el ejecutivo. De Vigo ha expuesto que el calendario de paralización de la LOMCE, así como una propuesta de ley para equiparar las condiciones de los trabajadores propios a la de los subcontratados, serán enviados al Alto Tribunal para que no deban ser tomadas en consideración por Moncloa. Esto ocurre después de que en las últimas semanas el gobierno de Rajoy hubiera maniobrado para que la Mesa del Congreso se lo retirara –sin éxito–, en virtud de la capacidad de veto que tiene el Gobierno en casos de modificación del presupuesto.