El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Juan Lobato, ha trasladado este martes que sintió "bochorno" de que España no tuviera capacidad para "traer y juzgar al expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont" tras la celebración ilegal del referéndum de independencia de Cataluña. En una entrevista con Onda Cero, el candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, al ser preguntado por la reforma de malversación, ha recordado que le dio "bochorno" que España "no tuviera capacidad para traer y juzgar a Puigdemont".
"Que un país europeo no nos envíe a una persona que ha hecho lo que ha hecho al Estado, Puigdemont, es porque tenemos una normativa que no es homologable a la que ellos tienen. Esto supuso un bochorno y hay que arreglarlo", ha lanzado, al tiempo que ha defendido que se establezca un Código Penal "europeo y moderno" que permita "perseguir este tipo de actuaciones". Luego, el Parlamento está, a su juicio, "para definir" el límite que pone a las penas.
Así, ha incidido en que "con el dinero público cero bromas" y celebra que desde el Gobierno de España con la reforma de malversación se endurezca "la lucha contra la corrupción" y que si alguien se dedica a la política tiene que hacerlo "con transparencia absoluta". "Está muy bien mantener la pena de malversación, pero el Estado tiene todos los instrumentos para defender la unidad del país", ha zanjado.
En relación a Vox, Lobato apuesta por el consenso y asegura que en política, "se puede y se debe hablar con todo el mundo, aunque no se esté de acuerdo". Así, insiste en que "el respeto y la educación está por encima de todo", algo que defiende hoy como ya hizo en el pasado, cuando ejerció como alcalde de Soto del Real.
La reforma del Código Penal
La reforma, fruto del acuerdo entre PSOE y ERC, deroga el delito de sedición y como contrapartida endurece los desórdenes públicos, castigados con hasta tres años de cárcel en los casos de perturbación "relevante" de la paz pública mediante " violencia o intimidación", lo que deja abierta la puerta a los jueces para valorar esa "intimidación".
Socialistas y republicanos también acordaron una de las modificaciones de la ley que han generado mayor debate, la del delito de malversación. La reforma distingue entre varios tipos de malversación según si hay ánimo de lucro personal o no, y rebaja sustancialmente, pero no despenaliza, los casos de autoridades que destinan dinero público a una finalidad distinta a la que estaban asignados. Si en estos casos existe un "daño o entorpecimiento grave del servicio" al que iba destinado el dinero se establecen penas de uno a cuatro años de cárcel. Si no es "grave" solo inhabilitación de hasta tres años.