Tozudos y alzados. Una treintena de vecinos de Lleida ha decidido volver a presentar un recurso contra la decisión de una magistrada de Lleida de decretar el archivo de su querella contra agentes de la policía española por su desproporcionada actuación cuando querían ejercer su derecho al voto el 1 de octubre de 2017 en la sede de los Servicios Territoriales de Treball y Afers Socials, en Lleida, conocido como el colegio de Benestar Social. Es el cuarto archivo. Ahora presentarán recurso a la Audiencia de Lleida contra la resolución de la magistrada del juzgado de instrucción 4 de Lleida, que asegura que los agentes en algunos casos "ejercieron la fuerza necesaria" para detener el Referéndum de Autodeterminación de Catalunya. La asociación Advocacia per la Democràcia, que agrupa abogados y abogadas de las Terres de Lleida y Pirineus en defensa de los derechos humanos y libertades surgida a raíz del 1-O, ha informado de esta decisión, y también de reclamar la reapertura del caso del colegio de La Mariola, por las agresiones a Enric Sirvent, que sufrió un ataque cardiaco a raíz de la acción policial y que murió por la covid-19 en abril de 2020. La Audiencia de Lleida ha hecho reabrir hasta tres veces las dos investigaciones.

En un comunicado, la asociación Advocacia per la Democràcia expone que en estos cuatro años han vivido "una carrera de obstáculos" por parte de la titular del juzgado de instrucción 4 de Lleida, porque solamente les ha aprobado practicar "la poca prueba permitida" y "con cero diligencias propuestas de la fiscalía", de la cual asegura que "siempre, a todas horas, ha estado al lado de los presuntos agresores y no de las víctimas", ni tampoco del órgano judicial del cual aseguran que su titular "no ha mostrado interés por aclarar los hechos". Añade que en la resolución de archivo, la magistrada "se irroga las funcionas de un juzgado de lo penal y decide valorar la prueba practicada, afirmando que los hechos han tenido lugar, pero que se trataría del uso legítimo de la fuerza mínima imprescindible por partes de los agentes de la Policía Nacional". Por eso, informa que desde la asociación ya han procedido a interponer dos recursos de apelación en la Audiencia de Lleida, a quien pide que reabra los dos casos y decrete su continuación para juicio oral "con el fin de ejercer correctamente los derechos de estas víctimas reconocidos por los tratados internacionales, la legislación penal interna y el Estatuto de la Víctima", entre otros. Lleida protagonizó un acto masivo a favor del 1-O.

 

 

Cerrados

En la resolución, la magistrada Nadia Blasco considera que no se tiene que llevar a juicio cerca de una veintena de agentes de la policía española que están identificados en la querella por los delitos de lesiones, amenazas, y contra la integridad moral de los vecinos al considerar que cumplían la orden de la magistrada del TSJC para impedir la apertura de los locales de votación y que no se celebrara el Referéndum, y sostiene que los ciudadanos estaban en una situación de "desobediencia judicial". En el escrito, ciertamente, la magistrada valora los delitos y las declaraciones hechas por los testigos y algunos de los agentes citados como investigados, cuando -indica la asociación- este análisis profundo lo tendría que hacer un juez de un penal después de un juicio, y el juez instructor solamente tiene que apuntar si hay indicios delictivos. La magistrada indica que la mayoría de lesiones que sufrieron los vecinos "son leves", menos una persona que padeció una luxación en el brazo. Precisa que son lesiones por no haberse apartado de la puerta del colegio de votación, aunque admite, que la mayoría hacía resistencia pasiva y tenía las manos alzadas. "En las imágenes no se ven cargas policiales ni acometimientos," afirma la magistrada, que añade, sin embargo, que "los concentrados hicieron patente la animadversión a los agentes, con gritos, algunos insultos y escupiéndolos".

La magistrada tampoco considera que algunos agentes hubieran cometido el delito de amenazas cuando dijeron a los concentrados: "Salid u os machacaremos". También resta valor al hecho insólito que un grupo de agentes cerró en una habitación a unos votantes del centro, donde finalmente pudieron entrar y actuar.

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Vecinos de Lleida, concentrados contra el archivo de la causa, en enero del 2021. Foto: CDR Lleida

Esther Sancho, una de las abogadas de la asociación de Lleida, detalla que en la querella identificaron hasta diecisiete agentes de la policía española en su actuación delante el centro de Bienestar Social y que en la instrucción solamente se ha permitido que declaren cuatro mandos policiales como investigados. Añade que ya han presentado el recurso con el objetivo de llevar a juicio los agentes por su actuación desproporcionada el 1-O de 2017. En la causa, está la Abogacía del Estado, en representación de la Dirección General de la Policía, además de la fiscalía. Un hecho común entre la causa de Lleida y de otras que todavía continúan abiertas -como la de Barcelona, con más de 50 agentes investigados- es que los abogados denuncian que la fiscalía no hace ningún esfuerzo por aclarar los hechos realizados por agentes de la política española.

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Integrantes de la asociación Advocacia per la Democràcia. Foto: CDR Lleida