La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha registrado este jueves la sede de la empresa Tubos Reunidos en Bilbao y su fábrica de Amurrio (Álava), y también se ha desplazado a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales —la SEPI—, en Madrid, para requerir información. Las diligencias se han practicado por orden del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, en el marco de una pieza secreta vinculada al caso Leire Díez. La investigación se centra en una presunta trama que, según las indagaciones, habría intentado desactivar o entorpecer actuaciones judiciales y policiales relacionadas con el PSOE y el Gobierno. Los investigadores sitúan en este entramado al exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán y a la exmilitante del PSOE Leire Díez, que habría tenido un papel de coordinación. El juez Pedraz levantó hace unos días parcialmente el secreto de sumario, pero mantuvo reservada una pieza separada. Es precisamente dentro de esta rama todavía secreta donde se enmarcan los registros de este jueves. Después de que trascendiera el requerimiento de la UCO, fuentes de la SEPI han reiterado su "máxima colaboración con la justicia" y han evitado hacer más valoraciones sobre una investigación que continúa bajo secreto en esta pieza separada.
Intermediación para favorecer a Tubos Reunidos
El nombre de Tubos Reunidos, una empresa industrial vasca especializada en fabricación de tubos de acero sin soldadura, aparece en varias ocasiones en el sumario. Según un atestado de la UCO, los agentes ponen el foco en el préstamo de 112,8 millones de euros concedido por la SEPI a esta empresa industrial y en los indicios de que un grupo llamado Hirurok —'Nosotros tres' en euskera— habría realizado gestiones para facilitar el otorgamiento de la ayuda. Según la UCO, este grupo estaría presuntamente formado por Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso, que los investigadores consideran socio del exdirigente socialista Santos Cerdán. Los investigadores sostienen que habrían llevado a cabo actuaciones orientadas a conseguir la concesión de la ayuda y que, por estas gestiones, "habrían percibido un total de 114.950 euros a través de la empresa Mediaciones Martínez".
Implicación de algún miembro del PNV
La UCO también apunta que Díez y Vicente Fernández "habrían propuesto" recurrir a Santos Cerdán y a Antxon Alonso para "impulsar" la ayuda cuando esta estaba bloqueada. Los agentes sospechan, además, que el grupo Hirurok podría haber intermediado "con algún miembro del Partido Nacionalista Vasco (PNB)", lo cual, según los investigadores, "podría haber contribuido" a que la operación acabase saliendo adelante.
La investigación no se limita a la concesión inicial del préstamo. Los agentes también han detectado "una segunda operativa, entre 2024 y 2025", destinada a conseguir el aplazamiento de una amortización parcial de los intereses de la deuda. En esta maniobra, según la UCO, podría haber participado Santos Cerdán.
Reunión en el despacho de Cerdán en Ferraz
El sumario recoge una reunión celebrada el 13 de noviembre de 2024 entre Cerdán, Leire Díez y dos directivos de Tubos Reunidos en el despacho que el exdirigente socialista tenía en la sede del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid. El encuentro también aparece anotado en una libreta azul intervenida a Díez con la mención: "Reunión Tubos Reunidos". A raíz de esta operativa, la UCO sostiene que Vicente Fernández, el exdirigente de la SEPI, "habría facturado 40.000 euros a Tubos Reunidos".
Otro punto sensible del informe es el papel atribuido a Fernández después de dejar formalmente la presidencia de la SEPI. Los agentes sospechan que habría continuado actuando "de facto" como si todavía representara al organismo público, con asistencia a reuniones en nombre de la SEPI, acceso a información interna, toma de decisiones e incluso impartición de instrucciones.
En conjunto, los registros de este jueves buscan aclarar hasta qué punto la ayuda pública a Tubos Reunidos y las gestiones posteriores sobre la deuda estuvieron condicionadas por una red de intermediación política y empresarial. El caso abre una nueva derivada en la investigación sobre Leire Díez y amplía el foco hacia la SEPI, las ayudas públicas y los posibles contactos entre el entorno socialista, empresas beneficiarias y actores vinculados al PNB.