Reactivación. La secretaría del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha citado para este viernes a los abogados defensores de los republicanos  y excargos de Economia el 2017 Josep Maria Jové, Lluís Salvadó y la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, además de la Fiscalía y las otras acusaciones (Abogacía del Estado y Vox), para fijar las nuevas fechas del juicio del 1-O. Así lo ha alertado Jové en las redes sociales este miércoles, y más teniendo en cuenta que la ley de amnistía se tiene que aprobar de forma definitiva en el Congreso de los Diputados del 30 de mayo, y tendría que hacer archivar este proceso penal y el resto relacionados con el Procés.

El TSJC suspendió el juicio  del 1-O, que había  de celebrarse entre los meses de abril y mayo pasado, para que no coincidiera con las elecciones catalanas del 12-M,  que el president Pere Aragonès convocó por sorpresa, y no por la inminente aprobación de la amnistía, se informa desde el gabinete de prensa del TSJC. No obstante, el juicio se programó para dos meses de duración, tiempo en que la ley del olvido penal del Procés estaría ya en vigor.

Dos meses para aplicar la amnistía

La ley de amnistía entrará en vigor una vez sea publicada al BOE y entonces el tribunal formado por los magistrados  Jesús Maria Barrientos, presidente del TSJC, Carlos RamosFernando Lacaba, tendrá que decidir si lo aplica a los excàrrecs  de ERC.

La ley da a los jueces y tribunales dos meses para ejecutarla, y dictar el sobreseimiento del procedimiento que tengan en su caso. El tribunal de TSJC  del 1-O también podría presentar una cuestión de inconstitucional al Tribunal Constitucional o  una consulta prejudicial al Tribunal de Justicia  de la UE (TJUE), hecho que dejaría parado el juicio a Joven, Salvadó y Garriga. Pero no cerrado ni sobreseído.

Peticiones de prisión

La Fiscalía Superior de Catalunya presentó, hace un año, el escrito de acusación contra los mandos de Oriol Junqueras el 2017: pide 7 años de prisión, 32 años de inhabilitación y 30.000 euros de multa para Josep Maria Jové, y 6 años y tres meses de prisión, 27 años y 3 meses de inhabilitación y multa de 24.000 euros para Lluís Salvadó, actual presidente del Puerto de Barcelona, por los delitos de malversación de fondo, prevaricación y desobediencia por la organización del 1-O desde el Departament de Vicepresidencia, Economía y Hacienda. Para la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, la Fiscalía solicita un año de inhabilitación y 18.000 euros de multa por desobediencia al Tribunal Constitucional (TC) por los preparativos del Referéndum, bajo la dirección de Jové.