El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha acordado aplicar la ley de amnistía al exconseller Bernat Solé, pero no le ha anulado la sentencia que lo condenó a un año de inhabilitación y a una multa de 16.000 euros en el marco de los hechos del 1-O. Bernat Solé fue condenado a un año de inhabilitación especial y una multa de 16.000 euros. Los tres magistrados del TSJC argumentan en la resolución del recurso que la ley de amnistía ya prevé la extinción de la responsabilidad penal, pero que, en ningún caso, contempla la revisión de la sentencia ni la reversión de las multas impuestas. El exconseller de Acción Exterior ha indicado que el recurso tenía por objetivo demostrar que su colaboración en la celebración del referéndum del 1-O no debería haber sido considerada como delito penal cuando, como alcalde de Agramunt, dio apoyo a la celebración del referéndum y, como otras decenas de alcaldes, perseguido por la Fiscalía.
El exconseller ha manifestado que con su recurso, lo que pretendía era demostrar que la colaboración en la celebración del referéndum del 1-O no debería haber sido considerada como un delito penal y lamenta que la ley de amnistía deje sin efecto las penas impuestas sin entrar en el fondo de la cuestión. En este sentido, Solé indica que la consideración de delito que tuvo la colaboración con el referéndum llevó a muchas personas a asumir penas de prisión e inhabilitación que no serán revisadas.
La amnistía no valora si los hechos fueron delictivos
El TSJC argumenta, en su respuesta al recurso presentado por el exconseller, que "la despenalización produce, ciertamente, efectos análogos a los que genera una ley de amnistía; pues los delitos cometidos bajo la legislación precedente dejan de ser perseguidos y las penas impuestas bajo tal legislación dejan de ser ejecutadas". En ningún caso, sin embargo, el alto tribunal entra a valorar si los hechos por los que el exconseller fue condenado fueron o no delictivos. Solé fue condenado por su colaboración en la organización del referéndum del 1-O como alcalde de Agramunt. El TSJC consideró probado que cometió un delito de desobediencia grave a resoluciones judiciales, ya que constató que tenía conocimiento personal y directo de las decisiones del Tribunal Constitucional sobre las consecuencias de aplicar las leyes aprobadas por el Parlament sobre la organización del referéndum.
Según expresa Solé, la amnistía no será "efectiva" hasta que todas las personas que sufrieron la represión puedan rehacer sus vidas en plena libertad. Así, ha hecho una mención especial al presidente de Esquerra, Oriol Junqueras, que hoy en día no puede volver a ejercer como profesor universitario ni puede presentarse a unas elecciones al Parlament de Catalunya, a pesar de la aplicación de la amnistía. Finalmente, ha querido agradecer en un comunicado las muestras de apoyo recibidas durante estos años, y especialmente a ERC por asumir el coste de su defensa, al abogado Simeó Miquel por su compromiso "con aquello que nunca debería haberse judicializado" y a la Caixa de Solidaritat por haber asumido el coste de la multa impuesta por la sentencia.