El Tribunal de Cuentas ha publicado el Informe de fiscalización del análisis del impacto normativo en los Ministerios del Área Político-Administrativa del Estado y los resultados son preocupantes. Un porcentaje superior al 25%, los expedientes de la muestra presentan deficiencias, o bien porque no se incluye mención a estos principios en la exposición de motivos o preámbulo de la norma, o porque la justificación de la adecuación de la norma a ellos resulta insuficiente.
También se han observado deficiencias en el análisis presupuestario, que afectan al 30% de los expedientes de la muestra seleccionada. ¿Los motivos? El análisis presupuestario es parcial o bien se omite la cuantificación del impacto presupuestario o porque los resultados son demasiado genéricos, provisionales y orientativos.
En definitiva, uno de cada cuatro proyectos del gobierno de Pedro Sánchez son deficientes. Especialmente se fija en la labor de la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa que depende de la Vicepresidencia de Carmen Calvo.
Falta de transparencia
El informe señala que más de la mitad de las Memorias examinadas han presentado deficiencias en la descripción de los trámites y consultas realizadas, sobre todo por la falta de mención de todos los trámites efectuados, en la ausencia de incorporación a la Memoria de un resumen de las principales observaciones o recomendaciones contenidas en los informes.
Además, en el 45% de los expedientes de la muestra se ha comprobado que alguno de los documentos legalmente establecidos no figuraban publicado en el Portal de Transparencia del gobierno.
¿Qué pide el Tribunal?
Para enmendar las deficiencias, el Tribunal de Cuentas solicita intensificar la tarea de actualización de las Memorias del Análisis de Impacto Normativo reflejando las diferentes modificaciones y observaciones que se incorporen a lo largo de la tramitación.
Este órgano comprobar el desarrollo de la actividad económica y financiera del sector público a los principios de legalidad, eficiencia y economía. En la fiscalización se utilizan técnicas de auditoría idóneas a la fiscalización pretendida. A grandes rasgos, pide mejorar el sistema de seguimiento de las observaciones y recomendaciones que tiene implantado.