El Tribunal Constitucional (TC) ha conseguido tener más poder y contará con más facilidades para sancionar políticos porque, a partir de ahora, asumirá las competencias sobre capacidad coercitiva y sancionadora contra los cargos públicos que incumplan sus órdenes y sentencias.

Según informa hoy La Vanguardia, el alto tribunal avala la reforma legal que le permite sancionar a los políticos y declarará esta reforma –que impulsó el gobierno del PP– conforme a la Constitución.

Ahora bien, que el TC avale esta medida no quiere decir que se aplique de manera inmediata, pero sí que podrá disponer sin reservas de esta atribución –ahora constitucional– para asegurarse de que todo lo que dicta se cumple.

La vicepresidenta del TC, en contra

Pero esta novedad no ha gustado a todo el mundo. La magistrada vasca y vicepresidenta del TC, Adela Asúa, ha dimitido como ponente de la resolución al considerar que esta medida es inconstitucional y al quedarse en minoría defendiendo su posición.

Asúa, que había elaborado y defendido a capa y espada un proyecto de sentencia en el que se declaraba contraria a la regulación de estas competencias en la Constitución, se quedó prácticamente sola cuando a principios de octubre lo presentó y el alto tribunal acordó por mayoría redactar un nuevo proyecto de sentencia. Por eso ha decidido abandonar la ponencia y será sustituida por el magistrado conservador Pedro González-Trevijano.

Encontrar la manera

Esto llega después de que la Fiscalía acusara a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, de "concretar un plan preciso para la secesión", y después de que este martes los tres jueces de la sala de lo civil y penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), encabezados por José María Barrientos, decidieran enviarla al banquillo de los acusados por desobedecer el alto tribunal.

Aparte de eso, esta nueva competencia irá muy bien al alto tribunal para suspender directamente –si quiere– a los cargos que permitieron la votación del Parlament del pasado 6 de octubre, en la que se reclamaba al Govern que convoque un referéndum para la independencia el septiembre del 2017 como tarde y a la que el ejecutivo estatal interpuso otro recurso.