Una quincena de trabajadores del 112 se han concentrado este jueves ante el Departament de Interior para denunciar la continuidad de la gestión privada del servicio y reclamar su internalización inmediata. Según Martí Vallvé, delegado de la CGT en Reus, “ya basta de promesas: queremos un 112 100% público”. Los trabajadores critican que, a pesar de los anuncios del Govern para una internalización, la nueva licitación aprobada mantiene la gestión privada hasta al menos 2028, con posibilidad de alargarse hasta 2030. Vallvé ha señalado que esta prolongación implica continuar con un “convenio de telemarketing” que precariza la plantilla y repercute en un servicio deficiente para la ciudadanía. De hecho, los trabajadores acusan al Departament de Presidencia, liderado por Albert Dalmau, de "bloquear" este compromiso parlamentario.
Los sindicatos recuerdan que la plantilla del 112 ya hace dos años que mantiene una huelga para exigir que Cat-112, la empresa pública de la Generalitat, asuma completamente la gestión del servicio. Andrea Hernández, de CCOO, critica que el sistema prioriza el beneficio empresarial sobre la atención ciudadana: “Llevamos 27 años arrastrando un modelo de telemarketing que desmantela el servicio”. Las resoluciones parlamentarias aprobadas en enero y marzo de 2025 avalaban la internalización, pero la licitación anunciada en noviembre perpetúa el modelo privado, según los trabajadores. Vallvé también ha recordado que el PSC había incluido la internalización del 112 en su programa electoral, a pesar de que existe una mayoría parlamentaria favorable a devolver el servicio a manos públicas.
Falta de personal y tecnología obsoleta
Los trabajadores denuncian que la gestión privada provoca alta rotación, contratos precarios e insuficiencia de personal, lo que genera colas y llamadas sin atender. El sistema informático, anticuado, no permite hacer un seguimiento adecuado de las patrullas ni gestionar correctamente las emergencias, y la cartografía y las bases de datos están desactualizadas. En paralelo, alertan de que un 15% de la plantilla está de baja por estrés y que las horas nocturnas se pagan a solo 1,85 euros, muy por debajo de los estándares de otras comunidades. También critican la falta de protocolos y de un sistema de guardias efectivo, que provoca improvisación y retrasos en situaciones de máxima demanda. Según los trabajadores, mantener el modelo privatizado significa perpetuar un servicio desorganizado e insuficiente, con un impacto directo sobre la seguridad de la ciudadanía. A la protesta han participado, además, los diputados Laia Cañigueral (ERC) y Xavier Pellicer (CUP).