Todo a punto en la Audiencia Nacional para que empiece el juicio sobre el caso Kitchen, que verá al exministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, y su cúpula ministerial y policial sentarse en el banquillo de los acusados para determinar si ordenaron la operación contra el extesorero del PP, José Luis Bárcenas, durante la investigación de la trama Gürtel. La Semana Santa termina este lunes y da el pistoletazo de salida a sendos viacrucis judiciales tanto para el PP, con la operación Kitchen, como para el PSOE, ya que este martes su exsecretario de organización y exministro de Transportes, José Luis Ábalos, se sentará en el banquillo de los acusados del Tribunal Supremo por el caso mascarillas. A partir del lunes, y durante las próximas semanas, la Audiencia Nacional juzgará la supuesta operación policial sin control judicial que se activó dentro de la Policía Nacional para espiar al extesorero popular, Luis Bárcenas, para sabotear las pesquisas sobre el caso Gürtel del juez Pablo Ruz.
Según el magistrado instructor de la causa, el juez Manuel García-Castellón, hay indicios de que los altos cargos del Ministerio del Interior y de la Policía española impulsaron una misión “ilícita” para robar las pruebas que aún pudiera tener almacenadas Bárcenas y proteger los intereses del PP ante las investigaciones por corrupción. Y, para el juez instructor, el máximo responsable no es otro que Jorge Fernández Díaz, hombre fuerte del PP y ministro del Interior con Mariano Rajoy entre los años 2011 y 2016. Conocido, también, por haber impulsado, supuestamente, las campañas de la policía patriótica contra los independentistas catalanes en la operación Cataluña, que se investiga en el Congreso de los Diputados y que también forma parte del juicio en marcha contra los Pujol en la Audiencia Nacional.
El juicio
Al tribunal de la Audiencia Nacional llega un sumario de miles de folios que el juez García-Castellón ha compilado durante más de dos años de investigación sobre los hechos que destapó un informe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional en el marco de las investigaciones al excomisario José Manuel Villarejo. Diez personas se sentarán en el banquillo de los acusados, entre ellos Fernández Díaz y quien fue su mano derecha, Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad y a quien el sumario señala como el “coordinador” de la trama. El resto de acusados son Eugenio Pino, exdirector adjunto operativo (jefe) de la Policía Nacional y considerado el coordinador de la policía patriótica, el grupo de agentes que actuó contra los independentistas catalanes durante el mandato de Mariano Rajoy, así como contra cargos de Podemos); Sergio Ríos, chófer de Bárcenas y la persona que reclutó la trama, pagándole con fondos reservados, para espiar al extesorero y su mujer, Rosalía Iglesias; el excomisario José Manuel Villarejo y otros altos cargos de la policía española.
Durante la vista oral están llamados a declarar como testigos los principales dirigentes del Partido Popular en aquella época. Desfilarán ante el tribunal de la Audiencia Mariano Rajoy, expresidente del gobierno español y expresidente del partido; María Dolores de Cospedal, exsecretaria general del PP y exministra de Defensa; Soraya Sáenz de Santamaría, exvicepresidenta del gobierno español; y Javier Arenas, exlíder del PP andaluz, entre otros. Durante la instrucción, Cospedal y su entonces marido, Ignacio López del Hierro, llegaron a figurar como investigados debido a los constantes contactos que mantenían con Villarejo durante aquella época, pero García-Castellón los acabó apartando, ya que no había suficientes pruebas contra ellos. El PSOE, que es acusación popular en este caso, planteará durante las cuestiones previas que se acuse al PP como partícipe a título lucrativo en el juicio, porque considera que fue el principal beneficiado de la operación. El juez instructor ya rechazó, en su momento, esta opción. En su escrito de defensa, sin embargo, Fernández Díaz cuestiona que la investigación se limitara finalmente a su Ministerio sin tener en cuenta la “conexión política” de una operación en la que él no “tenía ningún interés” porque nunca estuvo relacionado con los papeles de Bárcenas, apuntando así a la dirección del PP. De hecho, la operación Kitchen también fue objeto de una comisión de investigación en el Congreso, que consideró probado, “al menos indiciariamente”, que el expresidente Mariano Rajoy conocía la trama policial de espionaje a Bárcenas.
Fernández Díaz, acusado de ser el principal responsable
El tribunal deberá dilucidar, pues, quién fue el responsable de iniciar la trama policial para robar las pruebas a Bárcenas y determinar si los acusados sabían que estaban operando fuera de la ley. Tres meses después de la declaración de Bárcenas ante el juez en junio de 2013 para presentar pruebas de la financiación ilegal del PP con la trama Gürtel, Ríos, el chófer del extesorero, entra en su casa y roba el teléfono móvil que Bárcenas deja en casa al entrar en prisión y otros dos aparatos. El entonces comisario, Enrique García Castaño, contra el cual se archivó la causa al sufrir este un ictus, recibe los terminales y dos policías de su equipo extraen toda la información. Según la instrucción, Fernández Díaz lo sabía y de ello informó su número dos, Francisco Martínez. Díaz niega la autoría del mensaje en que lo explica, pero Martínez dio fe de ello en un acta notarial después de sentirse abandonado por su partido en el caso. Fernández Díaz niega tener conocimiento alguno de la operación, ni de la captación del chófer como confidente para la policía, y niega haber estado implicado. Los mensajes que recibe Martínez, sin embargo, le juegan en contra y ambos han chocado en este punto en anteriores declaraciones judiciales.
Ahora, pasa a manos del tribunal decidir quién fue el principal responsable de la trama que habría actuado al margen de las indagaciones judiciales del juez Pablo Ruz para torpedear la investigación de la trama Gürtel y la caja b del PP. La Fiscalía Anticorrupción pide 15 años de prisión tanto para Fernández Díaz, quien, según el juez instructor, puso en marcha la operación Kitchen antes de la declaración de Bárcenas ante el juez, y 15 más para Martínez. El ministerio público pide 15 años de prisión también para Eugenio Pino, que ya ha sido condenado a un año de cárcel por sus actuaciones contra los Pujol, y 19 más para Villarejo, quien “ejecutó” el plan contra Bárcenas y que también tiene a sus espaldas una condena de 16 años por irregularidades diversas. Para Sergio Ríos, el chófer que la trama pagó con fondos reservados para, posteriormente, incorporarse a la Policía Nacional, la Fiscalía pide 12 años y cinco meses de prisión, mientras que el resto de acusados suman otros 17 años que pide Anticorrupción y aún más que piden el resto de acusaciones del caso.
Bárcenas, que declaró el 20 de abril en el juicio con su mujer, Rosalía Iglesias, como perjudicados, ha pedido una condena de 41 años de prisión para Fernández Díaz y para su número dos. La familia Bárcenas acusa a ambos y a su cúpula policial de un delito de asociación ilícita y los considera cooperadores necesarios del asalto que sufrieron en su casa en 2014, cuando un hombre se hizo pasar por sacerdote y retuvo a la familia del extesorero bajo amenazas para que le entregaran documentos que podrían afectar al partido. Por el chófer de la familia pide 33 años de prisión y lo acusa de actuar con el agravante de abuso de confianza. En esta causa también ejercen la acusación el PSOE y Podemos. El partido que lidera Pedro Sánchez pide 47 años y 10 meses de prisión para el exministro del Interior y 38 años y 3 meses de prisión para el exsecretario de Estado de Seguridad, mientras que la formación estatal reclama 41 años de prisión para cada uno.