La Operación Kitchen fue una "operación parapolicial" orquestada por el Partido Popular para robar documentación sensible al entonces tesorero Luis Bárcenas sobre la caja B y de esta manera ocultarla a la justicia. La entonces secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, tenía pleno conocimiento, y era ella a quien mantenía informada el entonces presidente del Gobierno y de la formación, Mariano Rajoy. Para este operativo se hizo un uso "irregular" de fondos reservados del Estado. Estas son las principales conclusiones a las que ha llegado la comisión de investigación de la Kitchen en el Congreso de los Diputados, que en diciembre fueron aprobadas por la misma comisión y que este jueves han sido aprobadas por el pleno de la cámara.
Hoy se han debatido las conclusiones que presentó el PSOE, aunque se presentaron otras conclusiones, de forma conjunta por Unidas Podemos, ERC, Junts per Catalunya, la CUP y EH Bildu. El texto sometido a votación este jueves ha recibido 195 votos a favor, 91 en contra i 63 abstenciones.
El dictamen aprobado sostiene que la Operación Kitchen perseguía las pruebas sobre la caja B del PP "que pudieran estar en manos de Bárcenas" para "destruirlas o esconderlas". Crucialmente, la investigación añade que Cospedal conocía los hechos e "informaba" al presidente Rajoy, a diferencia de lo que decidió la Audiencia Nacional. El texto también menciona el "descontrol absoluto de los fondos reservados" y el "despilfarro de dinero público" en esta operación.
Durante el transcurso de la comisión, han comparecido varios de los protagonistas, como el mismo Mariano Rajoy, que lo negó todo, o la exministra y exsecretaria general María Dolores de Cospedal, que se negó a responder pero sí que abrió la boca para atacar al independentismo. También han pasado el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, que también lo negó todo; el excomisario José Manuel Villarejo, que aseguró que él mismo enviaba mensajes a Rajoy, o el mismo Luis Bárcenas, que también arrancó el ventilador contra el expresidente del Gobierno.
¿Qué dice la instrucción judicial?
Según el magistrado instructor de la Audiencia Nacional, los "órganos superiores y directivos de la Administración General del Estado" crearon un "operativo parapolicial" que actuó, al margen de la ley, "al menos entre los años 2013 y 2015". Su objetivo, conseguir "material documental comprometedor de altos dirigentes" de Luis Bárcenas, extesorero del PP, y así neutralizar las amenazas políticas en el gobierno de Mariano Rajoy. Se le realizaron hasta 55 seguimientos sin orden judicial, según las informaciones publicadas del sumario del caso. El principal objetivo fue su chófer, Sergio Ríos, que habría cobrado 53.000 euros para robarle documentación, entre la que había audios comprometedores.