La ley de amnistía pasará por el tamiz de la justicia europea este jueves, a partir de las 10 de la mañana, y aclarará el futuro de al menos medio centenar de represaliados del independentismo catalán. La Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), formada por quince magistrados, se pronunciará sobre la norma del olvido penal en actuaciones a favor y en contra de la independencia de Catalunya, aprobada por el gobierno español de Pedro Sánchez, el verano de 2024, para rehacer las relaciones con el Govern y los partidos independentistas. El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Dean Spielmann, avaló la ley de amnistía en sus conclusiones, comunicadas el pasado noviembre. Manifestó que la amnistía es "competencia exclusiva" de los estados miembros, y que la norma del procés respeta el derecho de la Unión y no se han afectado fondos de la UE con la organización del Referèndum del 1-O. Es decir, por extensión, no hay delito de malversación.
Se espera que el TJUE, presidido por el magistrado belga Koen Lenaerts, suscriba este aval dado por el abogado del tribunal, aunque no es vinculante. La sentencia del TJUE también debe ser clave para desbloquear los recursos de amparo pendientes de miembros del Govern condenados y exiliados ante el Tribunal Constitucional —que ya validó la ley de amnistía en junio de 2025, con retoques añadidos. El motivo es que el Tribunal Supremo mantiene bloqueado el regreso del exilio del president y líder de Junts, Carles Puigdemont, y de los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig. El Supremo también debería resolver las inhabilitaciones en vigor por el delito de malversación al exvicepresidente y líder de ERC, Oriol Junqueras, y los exconsellers Jordi Turull, secretario general de Junts; Dolors Bassa y Raül Romeva.
El regreso de los exiliados
El abogado de Puigdemont, el penalista Gonzalo Boye, ya explicó en ElNacional.cat, en un artículo este lunes, que la sentencia del TJUE "no será ejecutable" de forma automática por los dos tribunales españoles, sino "interpretada",y que habrá que ver el papel del alto tribunal español, que muchos han criticado por su posicionamiento político y que se ha arrogado competencias del legislativo, incumpliendo la separación de poderes. La respuesta de los tribunales españoles para interpretar las sentencias europeas que afectan a los excargos del Govern se hará esperar. El Constitucional ya avanzó que no resolverá los recursos de amparo de Puigdemont, Junqueras y los exconsellers hasta este otoño. Después se espera la respuesta del alto tribunal español.
Así que el regreso del president Puigdemont y el resto de exiliados no se puede marcar, todavía, en el calendario, a pesar de que la ley de amnistía está en vigor desde hace dos años. El pronunciamiento del TJUE sí que tendría que provocar una respuesta rápida del Tribunal de Cuentas por el 1-O y de la Audiencia Nacional sobre los 12 CDR acusados de terrorismo, puesto que son los que han interpelado al tribunal con sede en Luxemburgo.
Cuatro causas pendientes
En concreto, el tribunal con sede en Luxemburgo debe dictar dos sentencias sobre consultas o prejudiciales que le hicieron órganos españoles. La primera de las sentencias dará respuesta a la consulta del Tribunal de Cuentas (TCu) (asunto C-523/24), que juzgó a los presidents Carles Puigdemont y Artur Mas, junto con 33 excargos del Govern por la responsabilidad contable de unos 5 millones de euros en el gasto de la promoción exterior de Catalunya y la organización del 1-O. La consejera del TCu celebró el juicio y, antes de dictar sentencia, envió la consulta al TJUE al considerar que la ley de amnistía vulnera el derecho de la Unión. Las defensas de los excargos de Junts y ERC y la Fiscalía lo negaron y pidieron la aplicación de la amnistía para todos, pero la entidad Societat Civil Catalana (que acusa a once excargos del Govern de Puigdemont) sostiene que se les debe condenar.
En sus conclusiones, el abogado general propuso al TJUE que responda a la primera consulta de la prejudicial que "el Tratado de Funcionamiento de la UE (TFU) no se opone a la extinción de la responsabilidad prevista en la ley de amnistía por los actos determinantes de responsabilidad contable que afecten a los intereses financieros de la Unión, ya que no existe un vínculo directo entre estos actos y la reducción, actual o potencial, de los ingresos puestos a disposición del presupuesto de la Unión". Y, una vez conocida la sentencia del TJUE, la consejera del Tribunal de Cuentas Elena Hernáez deberá dictar sentencia aplicando la amnistía o no.
El segundo pronunciamiento del TJUE será sobre la causa que afecta a 12 ciudadanos, que formaban parte de CDR, en la operación Judas, acusados de terrorismo, y el asunto es el C-666/24, que lleva el nombre de la acusación popular, Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (ACVOT). La Fiscalía, que inicialmente les pedía de 8 a 27 años de prisión, también reclama que se les aplique la amnistía porque no causaron daños personales ni materiales.
En este caso, el abogado general del TJUE también aprobó que se pudiera amnistiar a los CDR, como defendían los abogados de los encausados de Alerta Solidària frente a la ACVOT. Spielmann afirmó que el criterio determinante para evaluar esta compatibilidad radica en su conformidad con las exigencias mínimas que se derivan del derecho internacional, en particular del derecho humanitario, y con los estándares jurisprudenciales establecidos, en particular, por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Una vez que el TJUE se pronuncie, la sala de lo penal de la Audiencia Nacional deberá dictar sentencia aplicándoles la amnistía o no.
La causa contra Jové y Salvadó
Paralelamente, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) también presentó una prejudicial al TJUE sobre la ley de amnistía en relación con los mandos de ERC, Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, a quienes la Fiscalía pedía 7 y 6 años de prisión por el delito de malversación relacionado con el 1-O. El tribunal detuvo el juicio y admitió que Jové y Salvadó podrían ser amnistiados porque no se enriquecieron personalmente con el 1-O, excepción marcada por la norma para no aplicarla. La exconsellera Natàlia Garriga, que comparte causa con ellos, se enfrentaba a una pena de inhabilitación a cargo público por el 1-O. El TSJC también admite que en el Referéndum no se afectaron fondos europeos, pero que se puede poner en cuestión el mandato europeo de lucha contra el fraude, que incluye la directiva de 2017. La Fiscalía, la Abogacía del Estado y las defensas de los cargos de Esquerra reclaman al TSJC que les aplicara la amnistía. Solo el partido ultra Vox pidió que consultara al TJUE si la ley vulnera el derecho de la Unión, como finalmente ha acordado el TSJC.
Las dos sentencias del TJUE no harán referencia directa a la causa de Jové y Salvadó, pero será clave su contenido. El tribunal europeo suspendió la tramitación de su causa hasta dictar sentencia sobre la prejudicial del Tribunal de Cuentas, y a partir de esta hará una nueva sentencia para responder la consulta del alto tribunal catalán. Se espera que sea breve y que haga referencia a la sentencia de este jueves.
Finalmente, la cuarta prejudicial fue presentada por un juez de lo Penal 3 de Vilanova i la Geltrú al considerar que podría vulnerar diversos principios legales. El juez lo hace en el caso de un procedimiento contra un ciudadano que en las elecciones generales de noviembre de 2019 no se quiso quitar un lazo amarillo de la solapa a pesar de ser vocal de una mesa electoral. La Fiscalía lo denunció por un delito de desobediencia a la autoridad y otro de incumplimiento de obligaciones electorales, mientras que la defensa pidió la absolución. La respuesta del TJUE también se podrá interpretar el jueves, pero será necesaria una respuesta específica para el juez, el cual, después, deberá resolver si amnistía al ciudadano.
Los nombres de los represaliados
Así, las 35 personas encausadas en el Tribunal de Cuentas por parte de la Fiscalía y SCC por el gasto de promoción exterior de Catalunya y del 1-O y los cargos que ocupaban son:
Carles Puigdemont Casamajó, expresident de la Generalitat de Catalunya;
Oriol Junqueras i Vies, exvicepresidente de la Generalitat y exconseller de Economía y Hacienda;
Raül Romeva i Rueda, exconseller de Asuntos Exteriores;
Dolors Bassa Coll, exconsellera de Trabajo y Asuntos Sociales;
Jordi Turull i Negre, exconseller de la Presidencia;
Antoni Comín Oliveres, exconseller de Cultura y de Empresa;
Lluís Puig i Gordi, exconseller de Cultura;
Neus Munté Fernández, exconsellera de Presidencia;
Clara Ponsatí Obiols, exconsellera de Cultura;
Artur Mas i Gavarró, expresident de la Generalitat 2010-2016;
Francesc Homs i Molist, exconseller de Presidencia 2012-2016:
Andreu Mas-Colell, exconseller de Economía 2010-2016;
Josep Ginesta i Vicente, secretario general
del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia;
Teresa Prohias i Ricart, directora de Servicios del Departament de Presidencia;
Ignasi Genovès i Avellana, director general de Difusión del Departamento de Presidencia;
Joaquim Nin i Borreda, exsecretario general del Departament de Presidencia;
Antoni Molons García, exsecretario de Difusión y Atención Ciudadana del Departamento de Presidencia;
Albert Royo i Mariné , exsecretario general de DIPLOCAT;
Amadeu Altafaj i Tardío, exdirector de la Delegación de la Generalitat ante la Unión Europea en Bruselas 2015-2017;
Aleix Villatoro i Oliver, exsecretario general del Departament de Exteriores;
Andrew Scott Davis, exdelegado de la Generalitat en EE. UU.;
Roger Albinyana i Saigí, exsecretario general de Asuntos Exteriores 2013-2016;
Martí Anglada Birulés, exdelegado en Francia 2014-2017;
Luca Bellizzi Cerri, exdelegado en Italia 2015-2017;
Adam Casals Jorba, exdelegado en Austria 2015-2017;
Ewa Adela Cylwik, exdelegada en Polonia 2017;
Ramón Font Bové, exdelegado en Portugal 2015-2027;
Francesca Guardiola Sala, exdelegada en Dinamarca 2017;
Erick Hauck, exdelegado en Croacia 2017;
Marie Katinka Elisabeth Kapretz, exdelegada en Alemania 2016-2017;
Manuel Manonelles Tarragó, exdelegado en Ginebra 2017;
Sergi Marcén López, exdelegado en el Reino Unido 2016-2017;
Chantal Olivé Tena, en su condición de heredera de Maryse Olivé Quintana, Delegada en Francia 2012-2014, y
Mar Ortega Puertas, exdelegada de Alemania 2012-2015.
Los ciudadanos juzgados por terrorismo en la Audiencia Nacional y que esperan ser amnistiados son:
Eduard Garzón, Esther Garcia, Sonia Pascual, Queralt Casoliva, Germinal Tomás, Alexis Codina, Jordi Ros, Rafael Joaquin Delgado, Ferran Jolis, Xavier Buigas, David Budria y Clara Borrero.
