La fiscalía del Tribunal Supremo ha solicitado que durante el juicio por rebelión contra los políticos independentistas declaren hasta 256 testigos. La mayoría de estos testigos propuestos, casi un 70%, son miembros de la policía española y de la Guardia Civil, según adelanta El Diario.es.
Entre ellos, piden que se cite a declarar a 99 agentes policiales supuestamente heridos el 1-O, con el objetivo de intentar justificar que el día del referéndum hubo violencia por parte de los votantes, factor indispensable para la imputación del delito de rebelión.
Además, también se ha pedido que testifiquen 39 agentes más del Cuerpo Nacional de Policía y 35 de la Guardia Civil, entre los cuales hay los máximos jefes de los dos cuerpos en Catalunya, el responsable de Información de la policía, y los jefes de la investigación y de los diversos dispositivos.
En cambio, en la lista no figura ninguna persona que participara en el referéndum ni ningún miembro del gobierno de Mariano Rajoy.
Aparte de decenas de policías nacionales y guardias civiles que actuaron durante el 1-O, destacan las declaraciones de los miembros de la Mesa del Parlament, José María Espejo Saavedra (Cs) y David Pérez (PSC), el letrado mayor y el secretario general de la cámara y la exconsellera de Presidència Neus Munté, así como otros ex altos cargos del Govern como Amadeu Altafaj, Albert Royo, de Exteriors, y Antoni Molons, secretario de Difusió.
De entre los cargos del gobierno español, destacan Enric Millo, exdelegado en Catalunya, José Antonio Nieto, exsecretario de Estado de Seguridad, Juan Antonio Puigserver, que asumió la dirección política de los Mossos durante el 155, y Diego Pérez de los Cobos, que coordinó el dispositivo policial del 1-O.
Pruebas del 13
También pretenden que declare la letrada de la administración de justicia del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, que supervisó el registro en la Conselleria d'Economia el 20-S, parte de la cúpula de los Mossos, testigos que ya declararon en la instrucción del 13, Núria Llorach, presidenta en funciones de la CCMA, y Xevi Xirgo, director de El Punt Avui. También se quiere citar a propietarios de establecimientos hoteleros donde se alojaron policías y guardias civiles, y representantes de organismos internacionales que supervisaron el referéndum.
Las pruebas periciales pedidas son un informe sobre el supuesto coste que tendría el uso de los locales electorales, informes técnicos de Hacienda sobre la supuesta malversación, informes ya presentados a Instrucción 13, algunas resoluciones del Tribunal Constitucional anulando actos del Parlament e informes del Consejo de Garantías Estatutarias poniendo en duda la legalidad de la ley del Referéndum y la de Transitoriedad Jurídica. También se incluyen numerosos documentos, informes y vídeos aportados durante la instrucción tanto en el Supremo, como en la Audiencia Nacional y en el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona.